Santander (EFE).- La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, cree que todavía es posible que la comunidad autónoma apruebe los presupuestos para 2026.
González Revuelta ha hecho un llamamiento a la sensatez y a la cordura de los partidos políticos, a los pide que piensen en el bien de la región.
«Aunque estamos ya en periodo electoral y cada uno se está posicionando, creo que la mejor campaña electoral es demostrar a los cántabros que somos útiles y que queremos lo mejor para nuestra tierra», ha dicho González Revuelta, cuando está a punto de empezar un nuevo periodo de sesiones, que prevé intenso.
Según la presidenta del Parlamento (PP), los ciudadanos están en estos momentos «muy decepcionados con la política» y tienen que ver que sirve para algo.
«La mejor muestra de que somos útiles es que haya un presupuesto», ha opinado.
«Renuncias y retrasos»
Con unas cuentas prorrogadas, ha señalado, Cantabria «no va a parar» como ha trasladado la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), pero «va suponer renuncias y retrasos».
«Tenemos que sentarnos y hablar. Creo que se ha hablado de muchas cosas alrededor pero muy poco de exactamente de los presupuestos», ha dicho, aunque reconoce que las posiciones parecen «inamovibles».
Para González Revuelta, si existe una disposición real al acuerdo hay que sentarse a negociar pero si no es así, «no hay que jugar con los cántabros ni con las esperanzas de la gente».
Si ese acuerdo se alcanzara, el Gobierno del PP tendría que volver a registrar las cuentas en el Parlamento y empezar de nuevo todos los trámites en la Cámara (en la que están también el PRC, PSOE y Vox), que se prolongarían unos dos meses.
«Estamos en el periodo en el que todavía tiene sentido tener presupuesto, por eso apelo a la sensatez, a medida que pasan los días esa posibilidad se ve diluyendo», ha apuntado.
Seis leyes en la cocina
El Parlamento de Cantabria empieza su actividad este lunes con seis leyes en tramitación, cuatro de ellas «con bastante desarrollo»: las de Vivienda, Transporte Marítimo, Policías Locales y Control Ambiental.
Las otras dos son la modificación de la normativa estatutaria del personal sanitario para extender el pago de las guardias durante las bajas a todos los profesionales y la reforma de la Ley de Cantabria de Víctimas de Terrorismo para ampliar las indemnizaciones.
Además, el Gobierno ha anunciado que llevará a la Cámara la ley que reconoce la autoridad del profesorado y «más a medio plazo» llegará el Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT).
Según González Revuelta, de aquí al final del periodo de sesiones daría tiempo a aprobar las seis leyes, aunque también, como con los presupuestos, hace falta diálogo para sacarlas adelante porque el Ejecutivo de Buruaga gobierna en minoría.
El hecho de que no se haya logrado pactar las cuentas podría condicionar o dificultar ese diálogo, pero la presidenta de la Cámara confía en que eso no ocurra.
Ha afirmado, de hecho, que «ha habido contactos previos y parece ser que hay predisposición a separar una cosa de otra. Esperemos que sea así».
Postura de región en financiación
Cantabria conmemora este domingo en el Parlamento el 44 aniversario de su Estatuto de Autonomía en un momento, a su juicio, «trascendental» para el futuro, con el nuevo modelo de financiación autonómica sobre la mesa, que espera que «no llegue a buen puerto».
«Es lo más importante que tenemos ahora entre manos. Podemos estar hablando de muchas cosas, pero si no tenemos una financiación asegurada lo demás no tiene ningún sentido», ha subrayado.
Para González Revuelta, este es el momento de que todos los partidos políticos tengan una posición unánime.
«No tiene que ser una postura de partido sino de región porque nos estamos jugando nuestro futuro», sostiene, y asegura que si tiene que elegir entre el PP, su partido, y Cantabria va a elegir siempre Cantabria. «Lo tengo muy claro y espero que el resto de las fuerzas políticas hagan lo mismo».
Cree que Cantabria debe avanzar en su autogobierno en el futuro y asumir nuevas competencias, pero antes tiene que asegurar una financiación con la que poder seguir pagando los servicios que ahora presta, con mucho mayor coste que otras comunidades.
