Santander (EFE).- La Justicia ha estimado la petición del Gobierno de Cantabria de suspender cautelarmente la decisión de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), que ordenaba la adopción de medidas para restablecer la legalidad urbanística y al ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) la paralización inmediata del centro de acogida para menores en ese municipio.
El Gobierno de Cantabria presentó ayer a las tres de la tarde un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Alcaldía de Cartes y solicitó suspender la resolución municipal como medida cautelarísima, sin que la magistrada tenga que escuchar a la otra parte, el Ayuntamiento.
Atendida esta medida cautelarísima, que suspende la resolución municipal, la magistrada da en su auto da tres días al Ayuntamiento de Cartes para que alegue.
La magistrada explica que, a la hora de tomar esta decisión, «el aspecto que más se tiene en cuenta es la incidencia de la inminente paralización de la actividad de la residencia».
Y añade que, «sin efectuar un juicio preliminar sobre el fondo», se constata la necesidad de suspender cautelarmente la resolución para impedir que la duración del procedimiento de tramitación de estas medidas haga ineficaz la resolución.
La adopción de esta medida cautelar mantiene la situación jurídica del centro «durante el corto y breve periodo de alegaciones que se concederá a la parte demandada y hasta su resolución», concluye el auto.
Polémica por el centro de menores
Esta decisión llega tras la controversia generada al conocerse que el Gobierno de Cantabria (PP) decidió ubicar en Cartes un centro de acogida para menores migrantes no acompañados, lo que llevó a la alcaldesa a convocar un pleno extraordinario el viernes pasado para informar a los vecinos y a requerir el restablecimiento de la legalidad urbanística y la paralización de la actividad del centro.
Ayer la alcaldesa, en un mensaje en sus redes, pidió perdón por todo lo que está sucediendo en torno al centro de menores, que el Gobierno cántabro abrió el lunes en el municipio, y trasladó su «compromiso» para atender en su localidad a esos menores.
Sin embargo, en ese mensaje Cueto no hablaba de la orden, que firmó el lunes por la noche, en la que exigía al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, dependiente del Gobierno regional, y a la Fundación Cuin, que gestiona el centro, paralizar la actividad.
En una nota de prensa, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha subrayado que esta resolución judicial «pone en el centro el interés superior del menor, que debe prevalecer siempre sobre cualquier otra consideración urbanística».
Además, ha defendido que el Gobierno de Cantabria actuó desde el primer momento «con responsabilidad institucional, rigor jurídico y sentido de urgencia para cumplir con la ley».
