Valladolid (EFE).- Cada convocatoria electoral sirve a la sociedad de Castilla y León para actualizar su catálogo de urgencias dirigido a quien vaya gobernar tras lo que decidan las urnas: cientos de medidas, una buena parte viejas, que convergen en la mejora de los servicios públicos, el freno a la despoblación y la defensa de sectores estratégicos y de los colectivos ciudadanos más vulnerables.
Ante los comicios autonómicos de este 15 de marzo en Castilla y León, con los que la comunidad encara 43 años como autonomía, la Agencia EFE ha recogido planteamientos de los sectores sociales, sobre los retos y debates de la Comunidad para los próximos cuatro años.
El tridente del Diálogo Social en el 15M
Una de las señas de Castilla y León es su Dialogo Social, con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO como actores principales y el recorte que sufrió esa concertación entre el 2022 y el 2024, con el gobierno PP-Vox en la Comunidad, como telón de fondo.
En esa línea, CCOO ha presentado 135 medidas y reclamado un «cordón democrático» contra los partidos de extrema derecha para evitar la «pérdida de derechos» y una «involución» económica y social de la Comunidad, ya que la presencia de la «ultraderecha» en los gobiernos significa un retroceso para «la clase trabajadora, las mujeres y las personas más vulnerables».
Desde la UGT se ha pedido un proyecto a largo plazo que sitúe a la sociedad de esa comunidad en las «antípodas» del panorama actual: que cuente con todos los actores para que sea atractiva, despliegue medidas para aumentar la población; ponga final a la fuga del talento, posibilite una redistribución de la riqueza, fortalezca los servicios públicos y diseñe e implante políticas que tengan como resultado una sociedad más próspera, más justa, y más igualitaria.
La patronal CEOE Castilla y León ha presentado 175 propuestas que coinciden en la retención del talento o el refuerzo del Diálogo Social como herramienta de estabilidad y concertación; y además una política energética que mejore la inversión en la Comunidad, la lucha contra el absentismo laboral y medidas de financiación empresarial, infraestructuras logísticas, digitalización, desarrollo rural, internacionalización e igualdad.
El sector primario, muy presente ante el 15M
Las organizaciones agrarias están muy presentes y activas a la hora de hacer llegar sus planteamientos electorales, con el rechazo al acuerdo de Mercosur y a la nueva PAC como elemento compartido.
Desde COAG se ha pedido facilidad y rapidez en el relevo generacional, garantizar que se cubran los costes de producción de nuestras producciones y un análisis de costes de producción por parte de la Consejería de Agricultura para fijar contratos.
UPA ha demandado que se hable de los problemas de Castilla y León y no se trasladé la polarización actual de la mala política nacional; y se debata sobre propuestas concretas para garantizar rentabilidad a las explotaciones agrarias para que se pueda quedar gente joven en el campo; el control de los daños por la fauna salvaje y la garantía de una sanidad y educación de calidad, también en el medio rural.
Además, la organización agraria UCCL ha pedido a los partidos que sean conscientes del peso de la agricultura y la ganadería, que supone el 5 o el 6 % % del PIB; la industria agroalimentaria entre el 7 y el 8 %, y los servicios que viven del este sector entre el 7 y el 8 %: en total entre el 21 o 22 % del PIB de la comunidad.
Asaja ha concretado y ha pedido que el presupuesto de la Agricultura y Ganadería recupere al menos los 670 millones de fondos propios que tuvo en el 2009; con una Consejería potente y prioritaria en el Gobierno autonómico que asuma el control de fauna o gestión del agua; y que aporte soluciones a la situación de ruina de algunos sectores, una cadena alimentaria justa, y que dialogue con el sector.
La discapacidad y la migración
En el documento elaborado por CERMI Castilla y León de cara a los comicios se plantea impulsar una Ley de Derechos e Inclusión Social que otorgue carácter exigible a los derechos del colectivo, crear una Comisión Parlamentaria permanente sobre discapacidad en las Cortes de Castilla y León y reforzar el diálogo civil como herramienta esencial de gobernanza.
Y desde ACCEM se demanda que se recoja la importancia de la población migrante para el desarrollo de Castilla y León, y que no se les use para generar discursos de odio; que se invierta en proyectos vinculados a la integración y mediación sociosanitaria en barrios y zonas vulnerables de la comunidad; y contar con un nuevo plan estratégico de cohesión social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural y se recupere el Consejo Regional de Inmigración que desapareció con Vox.
La sanidad en el foco de todos
Los servicios sanitarios son un foco principal en estos comicios, con más de una docena de plataformas en ciudades y comarcas que demandan una sanidad pública de calidad y para todos, con más médicos y menos listas de espera, sin externalizaciones ni conciertos.
La Asociación Española Contra el Cáncer pide que el cáncer sea una prioridad en la agenda política, con 17.000 casos nuevos al año en la comunidad y 7.300 fallecidos, y reclama garantizar una atención integral, apoyar la investigación oncológica, asegurar una equidad, y detección precoz y acceso a diagnósticos y tratamientos rápido.
Y que se actualice la normativa autonómica para elevar las barreras de consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos, generando espacios libres de humo y restringiendo la publicidad; y se garantice la cobertura plena del cribado de cérvix antes de 2028, e implementar proyectos pilotos de cribado de cáncer de pulmón.
Desde la asociación el Defensor del Paciente se han urgido medidas para «parar las desviaciones de pacientes a la privada», que todo el dinero que se transfiere del Gobierno central en sanidad o dependencia sea para potenciar medios y personal; que se denuncien conciertos con la privada que discriminen a sus pacientes más costosos por sus patologías o que los sanitarios de los hospitales públicos no tengan horas fuera de su horario de trabajo.
El feminismo y derechos
En cuanto al avance de la igualdad en la comunidad, la coordinadora de Mujeres de Valladolid ha urgido que no haya discursos de odio en las instituciones y hacia el movimiento feminista y de cualquier otra índole, que banalizan y naturalizan comportamientos violentos y machistas, o se cuestionan derechos ya consolidados como al aborto.
Y han demandado que se tramite la reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León; que se haga un esfuerzo para proteger y blindar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género; y se ponga en marcha una red de cuidados públicos profesionales y políticas de corresponsabilidad que permitan a las mujeres dejar de echarse a sus espaldas los cuidados familiares.
La Fundación Triángulo Castilla y León ha incidido en que tras más de tres intentos y varias legislaturas, es prioritario que se tramite con urgencia la ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la comunidad; y demanda políticas públicas de igualdad social y para garantizar la no discriminación de la diversidad sexual y de género, así como para defender la diversidad familiar.
La voz de los padres y madres
En cuanto a las asociaciones de padres y madres de alumnos la educación pública de la comunidad, plantean una apuesta por la educación pública, eliminando los conciertos educativos; atención a la diversidad; revisar el modelo de bilingüismo, que puede «ser un garante de discriminación y no de competencia lingüística; un plan integral de inversión para los centros públicos, o establecer la figura del coordinador de bienestar en los colegios.
