Santander (EFE).- Quien fuera jefe del servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria ha acordado con la Fiscalía siete años de cárcel, el pago de una multa de más de 960.000 euros e indemnizar al Gobierno con casi 750.000 euros, así como su inhabilitación para el ejercicio de su profesión.
Así lo recoge el acuerdo de conformidad con el ministerio público, al que ha llegado este funcionario, Miguel Ángel D.
Ha reconocido delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Ese acuerdo, pactado en una vista que se ha celebrado en sede judicial y que han aceptado las defensas y el Gobierno cántabro que se personó como acusación particular, también incluye a la esposa del funcionario.
La mujer ha aceptado un año de cárcel y una multa de más de 470.000 euros.
También a los cuatro constructores acusados en esta causa, que han aceptado dos años de prisión cada uno e indemnizar al Ejecutivo regional.
Hace año y medio
En febrero de 2023 la Policía Nacional detuvo, dentro de una operación conjunta con la Agencia Tributaria, a este funcionario.
En ese momento era jefe del servicio de carreteras de la entonces denominada Consejería de Obras Públicas (ahora Fomento), a su esposa, a sus dos hijas, y a cuatro empresarios de la construcción.
Se los acusaba, supuestamente, de cobrar comisiones a cambio de facilitar información privilegiada a constructores.
Durante la operación, que Hacienda y la Policía Nacional iniciaron en 2022, se conoció que este funcionario habría diseñado junto a su entorno familiar una estrategia para introducir en el circuito legal las importantes cantidades que recibía de las empresas.
Dimisión del entonces consejero
El denominado «Caso Carreteras» llevó a la dimisión del entonces consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa, y el cese de un alto cargo de ese departamento.
