Sevilla, (EFE).- El Gobierno andaluz ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, en el que se pide su suspensión cautelar hasta que haya una resolución, ya que considera que es un impuesto creado contra Andalucía y que invade las competencias autonómicas.
El recurso de la Junta, al que ha tenido acceso EFE, recoge que el nuevo impuesto “constituye un ataque al orden constitucional de una gravedad extrema”, por lo que pide el ejercicio del Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas por el impuesto a las grandes fortunas.
La Junta pide que se declare la inconstitucionalidad del tributo y su consiguiente nulidad, pero mientras se decide, pide su suspensión cautelar para evitar “perjuicios irreparables”.
En su argumentación, expone que se vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tras una actuación del Estado que “prescinde absolutamente del procedimiento y de las garantías” constitucionales para alterar un tributo cedido.
Impuesto sobre el Patrimonio “bis”
El recurso argumenta que se crea “de manera artificiosa” un impuesto que coincide “en sus elementos esenciales” con el Impuesto de Patrimonio, por lo que “vuelve a ocupar un hecho imponible que ya tenía gravado” y lo diseña “de manera que se vacíen de contenido las competencias normativas” de quienes lo hayan bonificado.
Además, “hace de peor condición” a las comunidades de régimen común respecto a País Vasco y Navarra, ya que con ellas se pactará en comisión mixta la adaptación al nuevo impuesto.
La Junta defiende que el impuesto a las grandes fortunas “supone en lo esencial un Impuesto sobre el Patrimonio bis” con el que el Estado “vuelve a ocupar un hecho imponible ya gravado por él mismo” con el Impuesto de Patrimonio.
Asimismo, “vacía y deja sin contenido” las competencias normativas atribuidas a la comunidad andaluza sobre el Impuesto de Patrimonio, por lo que “vulnera” su autonomía financiera y política al modificar “de manera fraudulenta” y sin seguir el procedimiento constitucional establecido para la cesión del referido impuesto.
Respecto al segundo argumento principal, el de la tramitación parlamentaria, reseña que se ha tramitado indebidamente mediante una enmienda a una proposición de ley, lo que ha impedido que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.
Fraude de Ley y mala fe
La Junta considera que se ha producido “fraude de ley” y que se utiliza el derecho de enmienda de los parlamentarios para “soslayar” el procedimiento establecido en el bloque de constitucionalidad “y conseguir tener cuarenta días más tarde neutralizadas y vacías de contenido las competencias normativas de las comunidades”.
El Gobierno andaluz está convencido de que el Estado, a través del Legislativo, “ha actuado de mala fe” en el procedimiento.
El procedimiento para su aprobación, con una “enmienda tardía” a una proposición de ley “que nada tiene que ver” con el sistema de financiación ni con “la aducida finalidad armonizadora”, provoca que “se sustrae a las minorías parlamentarias la posibilidad de formular a su vez enmiendas al texto”, según la Junta.
En este sentido, entiende que el procedimiento no sólo vulnera la Constitución, sino que constituye una conducta del legislador “en claro fraude de ley” que es “contraria a los principios de seguridad jurídica”, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y la lealtad constitucional.
También argumenta en el recurso la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el “imprevisible y no justificado cambio normativo” dejó “sin posibilidades reales de reacción a los ciudadanos destinatarios del impuesto. EFE
