Sevilla, (EFE).- La nueva proposición de ley que ha registrado el PP, con el apoyo de Vox, sobre la ordenación de suelos para regadío en la Corona Norte de Doñana (Huelva) ha reavivado un año después la guerra política en torno a la protección del Parque Nacional, con una amenaza del Gobierno de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.
El PP ha presentado este viernes un texto que modifica el de la legislatura pasada y que incorpora, entre otros puntos, una oficina técnica que analizará “caso a caso” para ver si es una superficie regable. Esos terrenos que cumplan con los requisitos legales podrían después pedir agua en superficie, cuando algunas obras hidráulicas pendientes lo permitan.
La nueva iniciativa, que se tramitará por vía de urgencia en el Parlamento, estaría aprobada en el actual periodo de sesiones, que termina en julio, por lo que al menos una gran parte del proceso coincidiría con los meses que quedan hasta las elecciones del 28M.
El Gobierno central pidió el pasado lunes a la Junta de Andalucía que no se presentara la iniciativa en el Parlamento y ha reaccionado de forma inmediata a su registro. Ha calificado como “un atropello” la proposición de ley y ha advertido de que llevará al Tribunal Constitucional cualquier actuación que ponga en riesgo a Doñana.
Protección del parque
El Ejecutivo central y autonómico vuelven a chocar así por el mismo asunto que hace un año, a pesar de que el texto se haya modificado. En 2022 la iniciativa la apoyaban PP, Cs y Vox y la polémica llegó hasta las instituciones europeas, preocupadas por el futuro del humedal.
En total, hay más de 1.500 hectáreas de agricultura que están fuera de la ordenación de suelo de regadío actualmente en el entorno de Doñana, lo que afecta a unas 10.000 familias, según el PP, quien cree que no todas alcanzarían los requisitos legales de regulación.
Después de la importante polémica que generó la anterior iniciativa por la posible afección a Doñana y a su acuífero, el nuevo texto hace una importante argumentación sobre la protección del Parque Nacional, con la vista puesta sobre todo a nivel europeo.
El texto, que según el PP se ha comunicado a Bruselas, recoge que esta iniciativa consigue “sentar las bases para proteger más y mejor” el Parque Nacional de Doñana, ya que el objetivo es legislar para que pueda llegar el agua superficial a esos agricultores, “pues sólo llegando el agua superficial se podrá proteger el parque y su acuífero”.
Además, la iniciativa establece una serie de obras hídricas como de interés de la comunidad autónoma y modifica la ley forestal de Andalucía para adaptarla a la normativa estatal, que otorga un régimen especial para las superficies que históricamente tenían usos agrícolas pero se implantaron cultivos forestales, para revertir el uso cuando se acaba el ciclo de aprovechamiento forestal.
El Gobierno rechaza frontalmente la iniciativa
El PP defiende que en ese aspecto se ha hecho un “corta y pega” de lo que pedía el Ministerio de Transición Ecológica sobre la ley forestal, para recoger su apoyo. Además, ha asegurado que hubo dos reuniones entre Junta y Ministerio, aunque sin acuerdo.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado que “no ha negociado, ni mucho menos ha llegado a ningún acuerdo” con PP y Vox para “aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer ver en la proposición de ley que han registrado”.
Ha advertido de que aumentar el regadío en estas zonas, “cercanas” al Parque Nacional de Doñana, “dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía”.
El Gobierno ha denunciado que esta ley sobre regadío “desprecia” el papel del Consejo de Participación de Doñana y ha defendido que debería ser tramitada por el Gobierno andaluz como proyecto de ley, para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes.
Por su parte, el consejero andaluz de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que las soluciones para los agricultores “jamás pasan por obtener ni un solo litro del acuífero de Doñana” porque siempre tendrá que ser de agua superficial cuando estén disponibles, “y si no están, el problema no se solucionará”.
Ha insistido en que esta proposición “habla de reordenación del territorio” y de crear una oficina de seguimiento para “velar por el cumplimiento de todos los compromisos que las administraciones públicas tienen con Doñana”.
El PSOE de Andalucía también ha negado que el PP haya negociado con ellos sobre los regadíos y ha asegurado que tampoco lo ha hecho “con otras administraciones, ni con el territorio, ni con nadie”, ya que sólo le han trasladado el texto, “pero nada más”.
Los ecologistas denuncian una amnistía
Vox ha defendido que la nueva proposición de ley “pondrá fin a diez años de calvario” de los agricultores de la Corona Norte del Condado de Huelva, a los que lamenta que se haya tratado como “ladrones de agua”.
WWF ha exigido la retirada de la ley sobre regadío en Doñana, porque es “tan grave e inaceptable como la anterior” y la entienden como “nuevo intento de amnistiar a los regantes ilegales ante las elecciones municipales”.
SEO/BirdLife también ha lamentado el “empeño” del Gobierno andaluz en “amnistiar a los regadíos ilegales que medran en la corona forestal de Doñana”, algo que creen que “amenaza” su existencia.
Ecologistas en Acción ha criticado el interés electoral de la medida y ha advertido de que se oculta “una explosión desordenada de regadío en la provincia de Huelva”, ya que “no hay agua para los legales en Doñana y, evidentemente, no va a haber agua para ampliar suelos para el regadío”. EFE
