Sevilla, (EFE).- La izquierda ha endurecido este miércoles su ofensiva contra el Gobierno andaluz y su presidente, Juanma Moreno, por los contratos sanitarios de emergencia, un asunto en el que el PSOE-A ya habla de “corrupción”, que llevará a los tribunales, mientras el PP se defiende y garantiza la legalidad y necesidad de hacerlos.
El PSOE-A ha elevado la presión contra el Gobierno andaluz por el presunto “menoscabo intencionado” de dinero público y ha anunciado que llevará la contratación “irregular” a la justicia.
“A Moreno se le ha acabado el chollo de beneficiar a sus amigos de la sanidad privada con dinero público. Ha contratado a dedo, sin control, sin fiscalización ni transparencia”, ha sostenido en rueda de prensa la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz.
Ha anunciado que su formación irá a la justicia, primero al contencioso-administrativo, para denunciar los contratos “ilegales” amparados en la pandemia, aunque no descarta pedir también en los tribunales responsabilidades penales.
Modo de contratar “marca del PP”
El PSOE-A está convencido de que esta manera de contratar es el “modus operandi” del Gobierno de Moreno y “marca de la casa, del PP”, de lo que ha puesto como ejemplo que la Fiscalía Anticorrupción esté investigando al Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso por “adjudicar millones de euros en sanidad sin control alguno”.
También la formación de izquierda Por Andalucía, que ha pedido los informes de la Intervención General de la Junta, sobre los contratos sanitarios de emergencia, no ha dudado en comparar el caso con el procedimiento “irregular” del caso de los ERE fraudulentos, ha avanzado su portavoz Inmaculada Nieto, que no ha descartado acudir también a los tribunales.
Este grupo ha solicitado informes de la Intervención General de la Junta, entre otra documentación, en relación a la “proliferación de contratos, prórrogas, adendas a contratos de emergencia” con “sospecha de ilegalidad” que “han levantado una nueva y lógica preocupación” porque el modo de proceder del Consejo de Gobierno del PP-A.
El portavoz del grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, también de la izquierda, ha sostenido que por primera vez al Gobierno de Moreno “se le ve muy nervioso” por la prórroga de contratos sanitarios acogiéndose a un decreto derogado que se empleó para afrontar las necesidades durante la pandemia de coronavirus, por lo que ha opinado que “le han cogido con el carrito del helado, con los contratos a dedo”.
El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha opinado que el Gobierno andaluz está “haciendo el ridículo” y ha lamentado que sus propuestas “son las mismas que las de los socialistas: derivar, concertar, e incluso firmar el mismo tipo de acuerdos”, en referencia al reciente pacto social con sindicatos y empresarios.
El PP se defiende: “¿Dónde está el problema?”
El portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, ha pedido a la oposición que sea “coherente” y “congruente”, porque las prórrogas son para contratos de servicios como oncología, y ha cuestionado si no procede la prórroga para un tratamiento de cáncer cuando los quirófanos están “cercanos al cien por cien de ocupación”.
Ha dicho que “desgraciadamente” se trata de “un gasto estructural”, que responde en muchas ocasiones “a la urgencia de tener que acabar con listas de espera”.
“¿Alguien entiende no justificada la prórroga de un contrato con personas en lista de espera?”, ha preguntado el diputado popular, quien ha insistido en que está “debidamente acreditada” su necesidad y se habla de prestar “servicios esenciales”.
Además, ha advertido de que “seguramente habrá que seguir haciendo contratos de emergencia para evitar listas de espera, pero no en Andalucía, en España entera”, ha manifestado Venzal, quien ha aludido a que también hay otras comunidades que los hacen.
“Si mi familiar estuviera en una situación de esas me parecerían pocos los contratos de emergencia”, ha dicho Venzal, quien invitaría a ir al servicio de Oncología para explicarles a quienes están en la sala de espera “que ese contrato no es correcto y que tiene que esperar”.
Ha agregado que se hacen esos contratos mientras hay a su vez una buena gestión, con más recursos públicos, con infraestructuras y maquinaria nueva, y que además se tiene transparencia e informes jurídicos y económicos: “¿Dónde está el problema?”, ha preguntado. EFE
