Laura Ramírez |
Huelva (EFE).- El 27 de noviembre de 2023 la Junta de Andalucía y el Gobierno central firmaban el acuerdo por Doñana con el que ponían fin a meses de desencuentro en torno al futuro del Parque Nacional y su área de influencia y que busca garantizar la conservación del primero y el desarrollo socioeconómico de la segunda.
Este acuerdo debería suponer un respiro para una Doñana que se encuentra en los momentos más difíciles de su historia, según evidencia el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que revela que el espacio encadena 12 años secos y el estado de su acuífero sigue empeorando. Diez de sus 16 zonas se encuentran en una situación de “alarma”.
El desencuentro entre las dos administraciones tenía su epicentro en la proposición de ley para regularizar los regadíos de los municipios de la Corona Norte de Doñana -Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Almonte-, presentada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, y que pretendía dar una solución a los agricultores que quedaron fuera del Plan de la fresa de 2014.
Tensión y diálogo
Durante casi dos años, la Junta y el Gobierno mantuvieron una creciente tensión política e institucional por este asunto que traspasó las fronteras y llegó a la Unión Europea y la Unesco, instituciones que, al igual que el Gobierno central, rechazaban la pretensión de legalizar unas 700 hectáreas en la Corona Norte, aunque desde la Junta se insistía en que su puesta en cultivo estaba supeditada a la llegada de agua superficial para el riego.
Pese a la polémica, a lo largo de todo ese tiempo no han sido pocas las veces que ambas partes se mostraban abiertas al diálogo. Y tendían la mano a la posibilidad de acercar posturas.
Algo que se materializó el 3 de octubre, cuando a las puertas de que la proposición fuera incluida en el orden del día del pleno del Parlamento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaban la tan esperada tregua e informaban de la creación de una mesa de negociación “al más alto nivel” para intentar llegar a un acuerdo definitivo.
54 días de reuniones
El plazo inicial que se daban era de un mes, aunque finalmente las negociaciones se prolongaron durante 54 días en los que los que hubo reuniones con agentes económicos y sociales, organizaciones conservacionistas, ONG y, algo esencial, los agricultores, cuya opinión era clave para la Junta de Andalucía, hasta el punto de que el acuerdo firmado requirió primero de la aprobación de estos.
El 27 de noviembre, los mismos protagonistas, Moreno y Ribera, esta vez en Almonte (Huelva), el municipio que más superficie aporta al espacio natural, rubricaban un acuerdo marco. Este permite blindar el espacio natural y garantizar su conservación. Además de propiciar un desarrollo sostenible de los 14 municipios de su área de influencia y la paz social en este territorio.
Ayudas controvertidas
El acuerdo contempla una inversión de 1.434 millones de euros para el marco 2023-2027 -de los que 706 los aporta el Gobierno central y 728 la Junta de Andalucía. Además de incidir en cuestiones ambientales, constituyen la apuesta por un proyecto de territorio que dinamiza e intensifica la transición ecológica. Y permite mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona.
Entre las actuaciones que contempla el acuerdo figuran ayudas para los agricultores del área de influencia que opten por abandonar sus cultivos. Y acometer proyectos para revertir el uso de la explotación agrícola a forestal, que deberá mantener al menos 30 años. A los que el Gobierno dará 70.000 euros/hectárea en 10 años.
Esta cifra se elevará a los 100.000 en el caso de los agricultores de la Corona Norte de Doñana. Con la aportaciones de 2.000 euros por parte de la Junta de Andalucía y 1.000 de la Diputación de Huelva.
Ambas administraciones, una vez alcanzado el consenso, trabajan ya para ejecutar el acuerdo. Y lograr que la inversión llegue al territorio y las medidas supongan un verdadero respiro. Para un Parque Nacional que espera unas lluvias que de momento no llegan en cantidad suficiente.
La Lista Verde
Cuando la tensión política sobre Doñana parecía calmada en 2023, se ha producido un último episodio. El 18 de diciembre se conocía que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sacó al espacio natural de su Lista Verde. Y que sus expertos afirman que no cumple los criterios requeridos.
En una carta enviada el 30 de noviembre de 2023 por la UICN al director del Espacio Natural de Doñana, dependiente de la Junta, el organismo internacional pide más información para que pueda volver a la Lista Verde. Y un “compromiso” a los rectores del parque para abordar los problemas detectados.
