Asentamiento de inmigrantes en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). EFE/ Julián Pérez

Erradicar los asentamientos irregulares, en el foco de las administración públicas

Almería, (EFE).- Las administraciones públicas trabajan desde años para la erradicación de los distintos asentamientos irregulares que se reparten por la geografía andaluza, con especial impacto entre personas de origen migrante en las dos provincias situadas en los extremos de esta comunidad, Almería y Huelva.

En este objetivo, Andalucía cuenta desde el pasado verano con el primer plan estratégico aprobado en España para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas. Que trata de garantizar los derechos y las obligaciones de las personas residentes.

Esta iniciativa trabaja en el diseño de propuestas y la coordinación de las administraciones públicas para lograr una integración residencial y sociolaboral de la población, mayoritariamente inmigrante. Que reside en estos núcleos chabolistas repartidos en la comunidad desde hace más de dos décadas.

Dificultades asociadas a la integración

Dentro de esta estrategia regional, también se colabora para impulsar planes locales. Dado que el plan pivota esencialmente en estas entidades. O comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas.

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El objetivo de erradicar los asentamientos irregulares. Vista del poblado chabolista de Atochares, en Níjar (Almería). EFE/Carlos Barba

Según han trasladado a EFE desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, las dificultades asociadas a dicha integración implican mecanismos de coordinación y cooperación a todos niveles -local, autonómico y estatal-. Y con la participación además social y ciudadana.

Para buscar soluciones concretas a esta arraigada problemática se ha puesto en marcha el modelo para un primer censo. De personas que residen en asentamientos informales de municipios como El Ejido, Cuevas de Almanzora, Níjar, Vícar, en la provincia de Almería. Y Moguer, Lepe, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, en el caso de Huelva.

Además, la Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno de España que participe de manera activa en este primer plan estratégico. A través de un trabajo conjunto entre ambas administraciones y siempre de la mano de los ayuntamientos.

Colaboración institucional

En esta línea, la propia consejera de Inclusión Social, Loles López, en una de sus visitas a Níjar (Almería), donde un proyecto con una inversión de 1,5 millones habilita 86 viviendas transitorias para migrantes, hizo un llamamiento a la colaboración institucional.

A estas alternativas habitacionales temporales por un ‘módico precio’ se suman itinerarios de formación para favorecer la inclusión sociolaboral de las personas migrantes.

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El objetivo de erradicar los asentamientos irregulares. Mujeres y hombres estudian en la escuela realizada con bloques de hormigón, palés y plásticos en El Hoyo, en Níjar (Almería). EFE / Carlos Barba

La línea de ayudas pretende dar respuesta a las personas que habitan en los asentamientos. Y a los cuatro ayuntamientos que han participado, además del de Nijar, Moguer, Lucena del Puerto y Lepe en Huelva. Que han conseguido la totalidad de los fondos solicitados por un montante de 3,5 millones de euros.

Con toda esta estrategia, han destacado desde la Consejería, la Junta se implica en el objetivo de erradicar estos asentamientos. Desde las competencias que tiene, al liderar y coordinar el trabajo de todas las administraciones.

Colaboración institicional

Según los datos facilitados a EFE por Inclusión Social, a lo largo del último lustro la inversión de la Junta para hacer frente a esta situación se ha centrado en las líneas de subvención destinadas a infraestructuras locales (3 millones de euros). Y las dirigidas a entidades sociales para la atención a la población migrante residente en dichos asentamientos (4,6 millones).

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Andalucía han indicado a EFE que, a pesar de que no se trata de una competencia estatal sino autonómica y municipal por estar implicadas las relativas a urbanismo y servicios sociales, el Ejecutivo central es consciente de la situación en la que se encuentran estas personas.

Por ese motivo, ha destinado fondos para viviendas y soluciones habitacionales. Y mantiene programas en colaboración con las administraciones competentes en la materia. A lo que suma otros planes de carácter social que cuentan con financiación estatal y que son implementados tanto por Junta como por otras entidades.

En términos generales, han señalado concretamente desde la Subdelegación en Almería, se ha colaborado en alternativas orientadas a los asentamientos rurales, tanto para las personas pobladoras que se encuentran prácticamente todo el año en un municipio como el de Níjar, con necesidad de mano de obra permanente, como para aquellas que habitan los asentamientos en estrecha relación con empleos estacionales. EFE