Fermín Cabanillas I Castilleja de la Cuesta (Sevilla), (EFE).- Un vecino de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Francisco Manuel Silva, libra una batalla contra el edificio levantado ante su casa, una guerra de “David contra Goliat”, en la que pide que haya al menos tres metros de separación con su propiedad, mientras que la promotora asegura que cumple con la Ley.
Una historia que le mantiene enfrascado en papeleos, negociaciones y denuncias desde 2021, y que, según afirma, tiene su origen en el año 2010, cuando se modificaron los planes urbanísticos del municipio y se facilitó que se levantase un edificio de dos plantas ante su jardín, que la promotora, Caralca, asegura que construye con toda la legalidad bajo el brazo.
El afectado sostiene que son cinco los vecinos que tienen el mismo problema, y que se basa, inicialmente, en una modificación de urbanismo local “al que solo se le dio publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia -BOP-, de modo que nadie presentó alegaciones”.
De casas adosadas a un edificio
De ese cambió nació el Plan Parcial de La Valdovina del año 2005, y “lo que iban a ser casas unifamiliares terminó siendo un edificio de diez metros de altura que no solo tapa toda la vista”, sino que, asegura, está a menos de tres metros de su casa, el mínimo de hueco que marca la normativa local para edificar entre construcciones.
“Lo más curioso del caso es que la empresa que compró estos terrenos para edificar fue Bhluma, y la modificación del PGOU del 2010 se realiza a petición de esta empresa”, asegura.
Este extremo lo confirma el Ayuntamiento, que cita que se estudió la petición de la empresa y se aceptó cambiar el planeamiento, mientras indican que, ahora, se trata de un conflicto entre particulares “en el que la alcaldesa ha intentado mediar, pero sin resultado”, y que, al ser una interpretación del Código Civil, «el Ayuntamiento no puede entrar».
La consecuencia, asegura el afectado, es que un día salió a su jardín y vio un cartel que indicaba que frente a su casa se iba a levantar un edificio de tres plantas. “Donde se podían promover 50 viviendas, ahora eran 150, sin notificárselo a ningún ciudadano afectado”, lamenta.
El balcón de la discordia
Y todo con el problema añadido de que la base del balcón más cerca de su casa está a 1,90 metros, “y debería estar a tres”, lo que “quita toda la intimidad, y facilita que cualquiera pueda entrar en mi casa dando un salto”.
Asegura Silva que la empresa, consciente de ello, recortó parte del balcón, que sigue estando, asegura, demasiado cerca. El director general de Caralca, Rafael Miranda, admite que, efectivamente, han recortado algo los balcones, pero enfatiza a EFE que la obra cumple con toda la ley vigente.
Miranda matiza que su empresa compró el suelo en 2018 “con el PGOU ya modificado”, y entiende que hay vecinos a los que su “proyecto de vida” se les altera con esta obra, pero “pudieron alegar y no alegaron, y lo hicieron ya con el edificio arriba”.
Asegura el responsable de Caralca que la fachada del edificio está a más de los tres metros que marca la ley de mínimos en Castilleja, por encima de la discusión de la base del balcón, y dice que los afectados pidieron “algo inviable”, como levantar una pared de unos 10-12 metros para preservar su intimidad: “Aparte de otras cuestiones, habría que pensar que, para favorecer a unos vecinos, se perjudicaría a otros, los compradores de los pisos”.
“Se intentó llegar a una solución intermedia, como un muro más bajo, o indemnizar, pero no ha sido posible, y seguimos abiertos a un acuerdo, a dialogar para arreglarlo”, sostiene, mientras Silva repite que no descansará hasta que los balcones estén a tres metros como mínimo de su casa, aunque esto le suponga acudir a la justicia ordinaria para arreglar este conflicto. EFE
