Almería, (EFE).- El expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística en El Algarrobico, iniciado formalmente por la Junta de Andalucía, exigirá a la promotora Azata la redacción de un proyecto y la ejecución del derribo del hotel construido por dicha mercantil en este paraje de Carboneras (Almería).
El delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ha detallado este miércoles a los medios los siguientes pasos del procedimiento autonómico, subrayando que la administración sigue una «senda» que establece «las máximas garantías legales y la máxima seguridad jurídica».
Según ha explicado Góngora, el expediente iniciado para restituir la legalidad en la costa de Carboneras (Almería) tras la anulación de la licencia por parte del Ayuntamiento, concluirá previsiblemente con la orden formal de demolición dirigida a la empresa constructora.
Sanciones económicas
Azata estará obligada a presentar un proyecto de demolición. Si la mercantil se negara a llevar a cabo la destrucción del inmueble, el Gobierno andaluz podría comenzar a imponer entonces «multas coercitivas y reiterativas», se acuerdo a lo establecido en este tipo de procedimientos.
En el supuesto de que la promotora mantuviera su negativa a pesar de las sanciones económicas, Góngora ha indicado que se activará el protocolo rubricado en 2011 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para actuar de forma subsidiaria.
En base a dicho acuerdo, sería el Gobierno central el responsable material de «ejecutar esa demolición», mientras que la Junta de Andalucía se encargaría «de todo el desescombro y del tratamiento de todos esos residuos de la obra».
Una vez eliminada la estructura, el delegado ha apuntado que ambas administraciones tendrían que «volver a sentarse para acordar un nuevo marco de financiación» destinado a la restauración ambiental.
Góngora ha valorado esta recuperación paisajística como el último paso y el «probablemente más determinante para recuperar ya la normalidad de todo ese espacio que está tan alterado».
El inicio de este expediente sancionador y de restitución autonómico, abordado ayer en el Consejo de Gobierno, toma el relevo a la actuación del Consistorio carbonero, que el pasado 7 de julio anuló la licencia de obras concedida en 2003, cumpliendo el requisito previo exigido por la justicia para abrir esta vía ejecutiva. EFE
