Zaragoza (EFE).- El Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido al Gobierno central un plan extraordinario con financiación, colaboración y lealtad institucional para hacer frente a la situación sobrevenida y las consecuencias sociales del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ante el coste que ha supuesto y supondrá a los consistorios, porque «ya vale del yo invito y tú pagas».
La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha advertido en rueda de prensa a doce días de que culmine el proceso para presentar solicitudes de que el fin de la fase administrativa no supondrá el final de los problemas derivados de este proceso, dado que la regularización administrativa no garantiza la autonomía económica, laboral ni residencial de los beneficiarios, que seguirán necesitando apoyo para acceder al empleo, a la vivienda y a procesos de integración social.
Orós ha recordado que entre 12.000 y 15.000 personas podrían acogerse a este proceso en Zaragoza y que, hasta la fecha, sólo el ayuntamiento ha emitido 4.035 informes de vulnerabilidad, de los que 1.203 no figuraban en las bases de datos de servicios sociales municipales, además de que otras 300 personas están actualmente acogidas en programas estatales de protección internacional y, al obtener la regularización, van a dejar de estarlo y perderán su alojamiento y acompañamiento social.
Por ello ha remitido una carta al delegado de Gobierno, Fernando Beltrán, solicitando que se garantice la continuidad a estas personas en los recursos habitacionales y en los itinerarios de acompañamiento social, formativo y laboral estatal que actualmente desarrollan hasta que cuenten con los medios suficientes para desarrollar una vida autónoma, ante el temor de que una vez que tengan la regularización terminen en los servicios sociales del ayuntamiento.
Pide implicación del Gobierno
En definitiva, pide al Gobierno que «se implique» porque el proceso ha sido «su ocurrencia».
Y ha añadido además, como tercer riesgo, el «efecto llamada» que a su juicio tiene este proceso para personas que después del 31 de diciembre de 2025 han llegado a un país que «en vez de buscar esa inmigración ordenada, regulada, vinculada al empleo y la integración y ser sensatos e ir conforme a Europa y hacerlo de una manera correcta», lo que hace es «abrir las puertas».
Y en este sentido ha anunciado que remitirán, de acuerdo a lo decidido en Gobierno de Zaragoza el pasado 8 de marzo, los costes del personal que se ha dedicado en exclusiva a este proceso, avalados por los servicios jurídicos y amparados por la Ley de Bases de Régimen Local o la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de por diversas sentencias de la UE.
Según Orós, la tasa por acogerse al proceso es de 40 euros, por lo que el Gobierno va a recaudar «entre 36 y 40 millones», porque ya reconocen que van a ser «más de 900.000» personas regularizadas.
Mientras, «ha obligado a los ayuntamientos a hacer «un esfuerzo extraordinario» y a asumir los costes de personal, «más de 150.000 euros solo en el área de políticas sociales».
A ello habrá que sumar, ha dicho, lo soportado por el área de participación ciudadana y régimen interior, por la policía local y también los insumos desde el 15 de abril hasta el 30 de junio.
Pese a las críticas al proceso, «opaco, improvisado, sin planificación ni memoria económica, sin información y sin colaboración institucional», la consejera ha asegurado que Zaragoza ha sido una de las ciudades «que mejor ha gestionado esta crisis», por lo que ha agradecido la labor de los trabajadores municipales.
Además, ha afirmado que fue «un acierto» tanto la decisión de centralizar la emisión de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas como la creación de un equipo específico para gestionarlos, de plantear las citas a través de la línea 900 o de unificar las bases de datos y de sincronizar los sistemas de gestión.
Orós se ha adelantado a la posible respuesta del delegado del Gobierno, «conociendo las que le ha dado a lo largo de los tiempos» y se teme, ha dicho, que a la petición de que se garantice la permanencia de estas 300 personas en los programas estatales de acogida hasta que cuenten con medios suficientes para una vida autónoma, le dirá que son «responsabilidad» del consistorio.
«Ojalá me equivoque», ha añadido, al tiempo que ha recordado que será «imposible» para los servicios sociales hacerse cargo de ellas «de golpe» pese a los esfuerzos que ya realiza con el aumento de partidas y recursos para atajar el sinhogarismo.
