Huesca (EFE). – El consejero de Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha señalado este miércoles que los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central provocarán una reducción de la oferta de alquiler y una mayor tensión de los precios porque generará “inseguridad jurídica”.
Preguntado por el llamado ‘Decreto Maricarmen’, López ha asegurado que el Ejecutivo aragonés lo valora “con las cautelas propias” de unos textos que “tienen contradicciones entre ellos mismos” y ha criticado que no se conozca el contenido del segundo.
Para López se trata de “normas de intervención de mercado en un mercado político concreto” y de “parches absolutamente de enfoque político” que, según ha afirmado, trasladan a los propietarios responsabilidades que corresponden a la administración.
El consejero ha apostado por solucionar los problemas de acceso a la vivienda mediante un incremento de la oferta y ha contrapuesto las medidas del Gobierno central con la política desarrollada por el Gobierno aragonés.
Según los datos que ha expuesto López, actualmente en la comunidad “están en marcha 3.600 viviendas públicas” en distintas fases y mantiene el objetivo de alcanzar las 7.000.
La meta
El consejero aragonés ha defendido como meta construir unas mil viviendas públicas al año para atender a quienes no pueden acceder a una vivienda ni mediante la compra ni a través del mercado libre de alquiler.
López cree que las restricciones que introducen estas nuevas medidas “pueden satisfacer puntualmente determinadas cuestiones”, pero ha asegurado que “van a provocar una tensión en el mercado insoportable”.
“Va a subir el precio, va a reducirse la oferta y va a producir problemas en los entornos donde se aplica”, ha considerado López, quien ha insistido en que la alternativa pasa por ampliar el parque público.
En ese sentido, ha citado los proyectos que el Gobierno de Aragón desarrolla en Zaragoza, Huesca y Teruel, además de las políticas de rehabilitación de viviendas en pequeños municipios y las concesiones patrimoniales en localidades intermedias.
Sin embargo, el consejero ha reconocido que “queda muchísimo por hacer” y que el problema de la vivienda “no se soluciona en una legislatura”, aunque ha asegurado que el objetivo del Gobierno aragonés es marcar “una velocidad crucero” y dejar el parque público de viviendas en Aragón “por encima de las 10.000 viviendas”.
“Una solución para un joven es una vivienda pública en régimen de alquiler asequible con ayudas a la demanda” ha propuesto López, quien ha considerado que las medidas de vivienda de los decretos tendrán una “utilización ideológica, política y mediática”.
