Zaragoza (EFE).- La consejería de Hacienda del Gobierno aragonés priorizará la resolución de todos los procesos de oposición para acceder a la función pública bloqueados entre los años 2018 y 2022, con más de 1.300 plazas pendientes de resolver.
Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, en una comparecencia hecha a petición propia para informar sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023, aprobada por decreto el 27 de diciembre del año pasado.
Plazas de reposición y reducción de la temporalidad
El consejero ha explicado en su intervención que la Dirección General de Función Pública se reunió previamente con todos los actores implicados en el proceso de elaboración de la oferta de empleo público y se tuvieron en cuenta todos los informes jurídicos elaborados, entre otros el referido a las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que insta al Gobierno a resolver la alta tasa de temporalidad en la administración pública.
Ha destacado que del análisis del cómputo de plazas necesario y de la oferta existente se ha planteado para 2023 la creación de 530 plazas de reposición (488 de libre concurrencia, 42 para discapacitados y el resto para víctimas de terrorismo y de violencia de género y comunidad LGTBI), y de otras 313 para la reducción de la temporalidad.
Sin embargo, ha incidido en la decisión acordada con los sindicatos de desbloquear la «maraña» de procesos de oposición bloqueados, 762 plazas entre 2018 y 2022; 323 en 2021 y 276 en 2022, antes de abordar los procesos de empleo público de 2023 y 2024.
Mejora del sistema informático para agilizar los procesos
Para hacer frente a esta situación, el consejero ha explicado que se había tomado la decisión de mejorar el sistema informático de la Dirección General de Función Pública, y de trasladar mientras tanto al personal de este departamento a otra ubicación fuera del edificio Pignatelli.
También ha informado de la consignación de 400.000 euros para duplicar la plantilla del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), de 16 a 32 empleados, a fin de agilizar todos los procesos relacionados con las ofertas de empleo público.
Repercusiones de la sentencia del TSJUE
En el turno de intervenciones de los distintos grupos, los portavoces de los distintos grupos de oposición se han referido a las repercusiones de la sentencia del TSJUE sobre el empleo temporal en la administración aragonesa, y han solicitado el informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno aragonés sobre esta resolución.
El consejero, que se ha comprometido a remitir a los grupos el referido informe, ha explicado que con las medidas adoptadas para regularizar la situación de los interinos «nadie pretende hacer daño a nadie», y que las resoluciones firmadas en torno a procesos de concurso-oposición se realizan siempre con el apoyo de los equipos jurídicos.
El caso de un interino
A este respecto, ha recordado el caso de un interino que el pasado mes de diciembre compareció públicamente en los medios de comunicación para llamarle «chorizo» tanto a él como a su antecesor en el cargo, el socialista Carlos Pérez Anadón, y querellarse contra ambos por malversación, a pesar de la legalidad de las medidas adoptadas y del soporte jurídico con la que fueron avaladas.
«Cuando la querella sea archivada, nadie se acordará de hacerlo público», ha añadido el responsable político, que ha recordado que en los próximos meses más de 700 interinos tendrán la opción de dejar de serlo a través de procesos de concurso-oposición». En cualquier caso, ha advertido que «la fijeza en el empleo público no se puede decretar por el ‘artículo 33’, porque nos llevarán a los tribunales».
