Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Coalición Canaria y Partido Popular han registrado este jueves en el Parlamento de Canarias la petición de una comisión de investigación del “caso Mascarillas” y han reclamado a los grupos del Gobierno su apoyo, porque la Cámara “no puede quedar impasible” ante la gravedad de unos hechos que han resultado en una posible estafa de cuatro millones de euros de dinero público por unas mascarillas que nunca se recibieron.
Los diputados José Alberto Díaz-Estébanez, del grupo Nacionalista, y Carlos Ester, del grupo Popular, han defendido en rueda de prensa que el Parlamento tiene que llegar hasta el final en dirimir las responsabilidades políticas por esta posible estafa y debe pedir explicaciones a los cargos públicos que participaron en el comité de emergencia sanitario que creó el Gobierno de Canarias en marzo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria del covid.
Entre los miembros del comité estaban el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez; el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez; y el entonces director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.
También estaba Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, encargado de gestionar el contrato y que luego paso a dirigir el Servicio Canario de Salud, cargo del que dimitió hace una semana como consecuencia de su imputación judicial.
El caso mascarillas llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, si bien ahora la investigación ha sido asumida esta semana por la Fiscalía Europea al considerar que se pudieron utilizar fondos de la Unión Europea.
Cinco delitos en investigación
Por ahora están imputados Conrado Domínguez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias; la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación; y el empresario Rayco Rubén González, propietario de RR7, la empresa de compraventa de automóviles a la que se encargaron las mascarillas, por estafa agravada y blanqueo de capitales. Y el juez al cargo del caso ha incluido en la investigación un quinto delito: malversación.
“El Parlamento de Canarias no puede quedar impasible ante la gravedad de estos hechos y su repercusión social y es su deber dar una respuesta adecuada a la ciudadanía”, han defendido estos dos diputados de la oposición, que piden a todos los grupos parlamentarios “que no se escondan, que no sean cobardes y que respondan a la ciudadanía”.
Díaz-Estébanez ha demandado “un mínimo de coherencia” a estos grupos, especialmente a Sí Podemos Canarias y Nueva Canarias, con lo manifestado en anteriores ocasiones en otros casos para apoyar esta investigación parlamentaria.
Y Carlos Ester ha subrayado que, si los grupos del Gobierno rechazan la comisión, “habrá que preguntarse qué tienen que ocultar”, porque “no hay excusas” para no dar transparencia a este escándalo.
Nacionalistas y populares quieren que la comisión de investigación aclare quién y por qué medio ofrece las mascarillas a la sanidad pública canaria y qué relaciones previas había, qué miembros del comité conocían la operación, qué habilitación competencial tenía el coordinador del comité para dar instrucciones al Servicio Canario de Salud para realizar la operación y quién decide que la empresa RR7 reunía garantías, experiencia y solvencia económica para esta operación.
También debe indagar el Parlamento, según estos grupos, si había algún contrato o documentación sobre la operación y la forma de pago, que fue por adelantado, así como sobre los plazos de entrega y sobre los permisos para llevarlo a cabo.
Otra cuestión a aclarar es que, según un proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas de abril de 2022, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tiene almacenado porque “no cumplen los requisitos mínimos de calidad para ser utilizados” 6,6 millones de unidades de productos sanitarios contra el covid, como guantes, mascarillas y gomas sin válvula ajustable, que tienen un valor de 2,1 millones de euros.
También creen preciso aclarar CC y PP si hay algún acuerdo del Gobierno de Canarias para la creación del comité sanitario, ya que no consta, con lo cual, según los grupos de la oposición, lo conocido hasta ahora puede ser “la punta del iceberg” y suscita dudas sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los responsables públicos del Ejecutivo autonómico.
Los detalles del contrato
Además de cómo se gestó el contrato, nacionalistas y populares quieren que el Parlamento indague en su ejecución y resolución, así como en sus modificaciones, y también en la actuación del Gobierno cuando se detectó su incumplimiento.
En marzo de 2021 llegó finalmente un cargamento de 910.000 mascarillas, menos de las comprometidas, y además estaban falsificadas, por lo que fueron detenidas en Adunas por la Agencia Tributaria y destruidas.
Un cargamento por el que, al parecer, los responsables de la empresa pagaron 2,65 millones de euros, de modo que el resto del dinero, hasta cuatro millones (1.350.000 euros) podrían ser “beneficio empresarial, intermediarios y comisiones”, según los peticionarios de la comisión de investigación.
Más dudas que plantean CC y PP: Si el material era falsificado, se trata de un delito, pero el Gobierno no parece que pusiera esos hechos en conocimiento de la Justicia.
En cambio, continuaron los contactos con la empresa para “renegociar” las condiciones de un contrato que, en realidad, ya estaba resuelto y con lo que se pretendía suministrar mascarillas de peor calidad a unos precios que “ni de lejos eran los mismos que un año antes”. En todo caso, la entrega tampoco se produjo.
De nuevo piden aclaraciones los grupos proponentes sobre quién renegoció el acuerdo, con qué autorización y si lo supo el Consejo de Gobierno.
De todo este caso el Gobierno de Canarias no dio ninguna información y la opinión pública lo conoció cuando empezó a salir en los medios de comunicación y cuando la Fiscalía presentó una querella, abundan los proponentes.
Y subrayan que “el propio presidente del Gobierno” ha sido llamado a declarar como testigo por la “insuficiente colaboración, información y explicaciones ofrecidas por Ejecutivo” a la Fiscalía Anticorrupción.
Saber cuándo y cómo supieron Ángel Víctor Torres y los responsables de la Consejería de Sanidad del contrato y de su incumplimiento son otras cuestiones que piden aclarar.
Es deber del Parlamento no permanecer “impasible”, poner todas las herramientas necesarias “para dar una respuesta adecuada a la ciudadanía” y dirimir las responsabilidades políticas que se pudieran deducir a través la comisión de investigación, concluyen. EFE
