La fiscal jefe de Canarias, María Farnés Martínez-Frigola (i), conversa con la diputada del grupo del Partido Popular, Luz Reverón (d) momentos antes de comparecer en comisión parlamentaria, donde presentó la memoria de la Fiscalía de 2021. EFE/Ramón de la Rocha

Aumentan un 88 % los delitos de menores contra la libertad sexual por internet

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha advertido del alza de delitos cometidos por menores y su variación, con menos robos pero más violencia familiar, machista y un aumento “significativo” del 88% en los relacionados con la libertad sexual a través de redes sociales.

María Farnés Martínez ha expresado su preocupación ante el cambio en el tipo de delincuencia tradicionalmente asociado a menores reflejado en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2021 que ha presentado este jueves ante la comisión de gobernación, desarrollo autonómico, justicia y seguridad del Parlamento de Canarias.

Martínez ha recordado que no se trata de “su” informe, puesto que tomó posesión como fiscal superior de Canarias el pasado 21 de octubre, por lo que ha centrado su intervención en subrayar las cuestiones que considera “más sangrantes y llamativas” y que por lo tanto requieren de “preocupación y solución”.

Y entre éstas figura el hecho de que se esperaba un aumento en los delitos cometidos por menores tras la pandemia pero no con una cifra “tan elevada”, del 31,66 por ciento de los que una cuarta parte corresponden a lesiones, disminuyen un 20 ciento los delitos contra el patrimonio y los robos con fuerza pero aumentan un 60 por ciento los de violencia e intimidación.

Y en 2021 se percibe además un aumento “significativo” en un 88 por ciento en los delitos contra la libertad sexual por redes sociales y de mensajería, con fotos de naturaleza sexual que muchas veces denuncian los padres al ver los móviles de sus hijos.

Al respecto, María Farnés Martínez ha puntualizado que no se trata de delitos de agresión sexual violenta sino una especie de “juego, de coqueteo entre menores” y ha precisado que en Canarias a lo largo del año pasado no se han producido delitos de carácter sexual violento del estilo de “la manada”.

Además ha aumentado casi un 20 por ciento la violencia de género entre menores y la de carácter intrafamiliar a padres y abuelos, usualmente por parte de menores con algún tipo de trastorno mental y consumo de estupefacientes.

La fiscal ha señalado en su intervención ante el Parlamento que uno de sus objetivos es intentar combinar las dos sedes de la Fiscalía en las capitales canarias porque la de Santa Cruz de Tenerife está “un poco olvidada” tras años de diferencias considerables en cuanto a medios e infraestructuras entre ambas.

“Es cierto que el Gobierno de Canarias ha sido muy colaborador y ha permitido que haya tres funcionarios de refuerzo, y el Ministerio ha escuchado por primera vez las peticiones de Santa Cruz de Tenerife y hay cuatro fiscales más”, ha indicado, pero si se ofrecieran otros cuatro más “tendríamos que decir que no, porque no hay espacio físico donde ponerlos”.

Asimismo en Puerto del Rosario hay instalaciones insalubres impropias para el trabajo, de manera que se producen vertidos de aguas fecales y la próxima vez que ocurra, ha advertido la fiscal superior de Canarias, llamará a la Inspección de Trabajo para que se encuentre una solución.

Respecto a la Memoria, se ha registrado un gran descenso en el número de diligencias previas como consecuencia de que no todos los atestados policiales deben ser remitidos a la Fiscalía, como anteriormente, sino sólo los que tengan un autor conocido.

No ocurre lo mismo en el caso de los procedimientos abreviados pero esto, ha explicado la fiscal, es algo totalmente positivo ya que se viene de un año de pandemia que prácticamente paralizó la administración de justicia y aún así ha aumentado en un 33 por ciento el número de juicios, con casi 4.000 más que en 2020.

Las sentencias de conformidad han aumentado en un 23 por ciento, lo que conlleva una gran agilización en la administración de justicia con trámites procesales más cortos y las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal se han incrementado en casi un 29 por ciento.

En relación con la criminalidad María Farnés Martínez ha destacado que hay menos procedimientos por homicidios dolosos y asesinatos en la provincia de Las Palmas, y más por homicidios imprudentes que no siempre terminan enjuiciados como tal, sino como lesiones consumadas. En cambio en la de Santa Cruz de Tenerife aumentan los homicidios dolosos, imprudentes y asesinatos.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, aumentan un 2 por ciento en Las Palmas y disminuyen en Santa Cruz de Tenerife.

La fiscal superior de Canarias ha subrayado asimismo la reducción “bastante considerable” de un 11 por ciento en los delitos contra el patrimonio y en especial, contra la administración pública, respecto a lo que ha considerado que “no terminamos de ofrecer la respuesta más adecuada a delitos de gran complejidad jurídica y con delincuentes que adoptan unas cautelas muy importantes”.

Por ello ha sostenido que sería muy importante dotar a las Fiscalías de los peritos necesarios para llevar a cabo investigaciones en este ámbito o será muy difícil dar la respuesta jurídica que necesita el ciudadano.

Y también sigue siendo un problema “enquistado” la tardanza y falta de calidad de los informes psicosociales porque de los tres psicólogos encargados de esta labor hay uno de baja y ello va en perjuicio de los menores que esperan un régimen de custodia o de visitas, o en delitos de agresión sexual y de violencia de género.

Respecto a esta última cuestión, la fiscal ha dijo que en 2021 no hubo ninguna sentencia por fallecimiento de una mujer como consecuencia de violencia machista pero sí se produjo el caso de violencia vicaria de las niñas Anna y Olivia y el fallecimiento “del que se cree que fue el autor de los hechos”, su padre, Tomás Gimeno.

Sobre este asunto ha comentado que sigue en vigor la orden de busca y captura contra Tomás Gimeno pese a que todos los indicios apuntan a que se suicidó “y pocas investigaciones tan buenas y eficaces ha habido como la hecha por la Guardia Civil, día y noche, analizando millones de conexiones telefónicas”, ha resaltado María Farnés Martínez.

También ha lamentado que la oficina virtual de atención a las víctimas de violencia de género que se creó en marzo del año pasado dejó de funcionar en noviembre, por lo que ha criticado que la víctima “es la gran olvidada del sistema”.

Ha apuntado al respecto que las fiscalías de las dos provincias canarias solicitan la creación de fiscales especializados en delitos de violencia machista y abusos sexuales por la especial sensibilidad que requiere dicha investigación.

En cuanto al área de extranjería, la fiscal superior de Canarias ha reseñado que en una visita realizada el pasado 6 de octubre al Centro de Atención Temporal de Lanzarote “encontramos desgraciadamente los mismos errores que en el puerto de Arguineguín: un barracón sin ningún tipo de iluminación ni ventana y todo el mundo mezclado, niños, mujeres y adultos”.

Al fiscal de extranjería se le indicó entonces que el centro iba a ser cerrado “pero sigue abierto en las mismas condiciones”, ha criticado Martínez, quien no ha constatado delitos por trata de seres humanos en las dos provincias canarias y en el caso de la de Santa Cruz de Tenerife desciende el fraude por matrimonios ilegales.

No obstante, ha puntualizado que tras la pandemia la prostitución se ha trasladado de las calles a los pisos y por ello es más difícil detectar si hay personas víctimas de trata, por lo que se está reorganizando la investigación policial en este ámbito.

Asimismo han aumentado los delitos de carácter informático y en concreto las estafas en las que se solicitan microcréditos vinculados a tarjetas que han sido sustraídas, y que han afectado más en La Palma y en Arona (Tenerife).

Asimismo María Farnés Martínez ha precisado que ni la Fiscalía ni los órganos judiciales pueden hacer nada ante el abandono de ancianos en hospitales cuando las familias no pueden hacerse cargo ya que al incoar diligencias pre-procesales éstas finalizan en una demanda de petición de protección a estas personas para un ingreso socio-sanitario pero esto, ha afirmado, no es la solución.

En opinión de la fiscal superior de Canarias, esto supone un perjuicio añadido a esta persona y un gasto público porque quizás “con una ayuda” podría estar en su casa debidamente atendida. EFE