Madrid (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denuncia que las autoridades policiales en Canarias “no están identificando adecuadamente” a los niños migrantes que viajan solos, incluso cuando su apariencia física indica claramente que pueden ser menores de edad, y que están siendo enviados a centros de acogida para adultos.
Lo hace en una nueva investigación que ha publicado este viernes tras viajar a Santa Cruz de Tenerife y El Hierro entre el 25 y el 28 de octubre y realizar 21 entrevistas individuales y dos grupales a personas migrantes y solicitantes de asilo, además de reuniones con autoridades y organizaciones.
Dos años después de la anterior crisis migratoria en el archipiélago y, ante la oleada de llegadas de los últimos meses (solo en octubre han llegado casi 15.000 personas), la organización ha constatado que “continúan sin solucionarse” problemas como la falta de asistencia letrada, de información sobre sus derechos o de infraestructuras para una adecuada recepción en El Hierro, donde el repunte de llegadas ha sido más acuciante en esta nueva emergencia
Según denuncia Amnistía, 12 de las 29 personas entrevistadas que estaban en los centros de acogida para adultos tenían entre 15 y 17 años, todos habían permanecido varios días detenidos en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) junto con personas adultas y no habían recibido ningún tipo de medida de protección adicional por ser menores según obliga el derecho internacional de los derechos humanos.
“Viajo sola, no conozco a nadie en Europa. He venido porque quiero ser costurera y ayudar a mi madre, tengo cuatro hermanos pequeños en Gambia. Al llegar, cuando la policía me preguntó, le dije a la intérprete que era menor, pero me dijo que era mentira, que tenía 19 años. Estuve en el CATE dos días, había hombres, mujeres, todos mezclados, solo un baño. Tenía que dormir en el suelo porque no había camas suficientes. Ya le he enseñado a la trabajadora social mi certificado de nacimiento para que puedan llevarme a un centro para menores”, relató Amie (nombre ficticio), de 17 años, en la entrevista.
Varios de los entrevistados, muchos de ellos menores, han contado que a su llegada la policía les quitó todos sus efectos personales y los teléfonos móviles y que los metían en bolsas sin ningún tipo de identificación, lo que complica su devolución a las organizaciones que se encargan de la acogida de estas personas.
“La policía me detuvo durante tres días, me quitaron el teléfono y nueve días después aún no me lo han devuelto. Cuando me preguntaron la edad les dije que tenía 16, pero me llevaron detenido junto al resto. Una trabajadora del centro me ha dicho que necesito presentar mi certificado de nacimiento, pero no he podido pedirlo porque sin teléfono no me he podido comunicar con mi familia”, explica Ibra (nombre ficticio), de Senegal.
Casi 3.000 menores pendientes de determinar su edad
En la actualidad, el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a alrededor de 4.400 niños y niñas extranjeros y tendría 2.791 menores pendientes de la determinación de la edad, según Amnistía, que sostiene que, pese a las recomendaciones internacionales, se continúan realizando pruebas médicas sobre la determinación de la edad, incluso cuando los menores aportan documentación que lo corrobora.
“Las autoridades deben garantizar que en todas las decisiones que les afecten prima el interés superior del niño y que los métodos de identificación de la edad cumplen con los derechos humanos, y sólo se utilizan cuando existan serias dudas sobre la presunta edad de un o una menor y no se disponga de documentos u otras pruebas”, asevera la entidad.
En los diez primeros meses del año han llegado a Canarias 30.705 personas, de los que casi la mitad lo han hecho en octubre. Este aumento “repentino” puede presentar retos importantes, pero, según AI, estas llegadas “no son inesperadas o excepcionales”.
“Sin embargo, parece que el Ministerio de Interior se empeña en seguir improvisando respuestas caóticas a estas situaciones, aunque se hayan llevado a cabo algunas mejoras a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, asegura Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España.
Ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía contó con asistencia letrada por lo que resulta más difícil detectar sus vulnerabilidades y necesidades específicas, ni con una interpretación de calidad ni información o documentación notificando la orden de devolución. EFE
