Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto ley en materia territorial y urbanística para la recuperación de La Palma tras los daños de la erupción volcánica, el primero de los cuatro decretos que componen su hoja de ruta normativa para la reconstrucción de la isla.
Este decreto modifica la norma de suelo rústico de la pasada legislatura e irá seguido de otros tres en materia agraria, de vivienda y de disponibilidad de suelos.
La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha explicado que este decreto ley reconoce por primera vez el derecho a la propiedad privada de las personas afectadas, pero también el derecho a ser compensadas económicamente por el valor de lo perdido en la erupción.
Durante las dos semanas que el decreto ha estado en exposición pública se han producido aportaciones muchas de las cuales se han incorporado y otras pasarán a los otros tres decretos pendientes, que además vendrán acompañados de un plan de pagos plurianual, ha detallado.
Nieves Lady Barreto ha informado de que desde que se publique el decreto en el Boletín Oficial de Canarias, previsiblemente este martes 19, los afectados podrán ejercer el derecho a reconstruir o construir sus viviendas, previa licencia urbanística, en las zonas en las que las coladas tienen menos de diez metros de espesor.
En las zonas donde las coladas tiene más de 10 metros de espesor, los afectados tienen también el derecho de construir o reconstruir, pero previo informe preceptivo del Cabildo de La Palma, que ha de evacuar un informe científico técnico que determine la temperatura de la colada.
En el caso de las personas con propiedades en áreas zonificadas como espacio natural “no tienen una solución total” con este decreto, pero “la tendrán” cuando se aprueben los decretos pendientes, ha dicho Barreto, si bien, al igual que al resto de propietarios, se les reconoce el derecho a la propiedad privada sobre sus suelos y el derecho a ser compensado económicamente.
“Pero al ser una zona manchada como posible espacio natural protegido, no pueden utilizar su suelo” y “la solución se les dará en los próximos decretos que vienen en camino”, ha subrayado.
El Cabildo de La Palma pedirá la delimitación del espacio natural protegido porque “no podemos tener una zona como posible espacio sin delimitarlo, puesto que afecta a derechos de las personas”, ha dicho la consejera.
“Trataremos de poner en marcha el plan de uso y gestión de ese espacio para compatibilizar los usos”, ha añadido.
El decreto aprobado modifica el decreto ley de 2022 en materia suelo rústico, cuya vigencia concluía al final de este año, y lo prorroga hasta diciembre de 2027.
Con esta modificación, se amplía a toda la isla la posibilidad de que los afectados pueden construir en un terreno en su propiedad, ya sea que lo tuviera antes del volcán o bien que lo haya comprado o vaya a comprarlo después.
Además, el derecho ya no es solo para la vivienda habitual, sino también para cualquier tipo de vivienda, como segundas residencias o vacacionales.
También se reconoce a los herederos de personas afectadas ejercer los derechos del fallecido.
Además de este decreto, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó dos modificaciones presupuestarias, por importe de unos 800.000 euros, para incrementar el apoyo de la Consejería de Política Territorial a la revisión del planeamiento que lleva a cabo el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte, como consecuencia de la erupción volcánica.
La primera de las partidas tiene un importe de 624.677 euros, y estará destinada a reforzar la oficina técnica que presta atención individualizada a los ciudadanos de los municipios afectados por la erupción volcánica, en relación con el marco territorial posteruptivo derivado de los diferentes decretos en tramitación destinados a implementar las medidas de recuperación de la normalidad en la zona.
La segunda partida, por importe de 244.413 euros, irá destina al área de planificación territorial del Cabildo de La Palma y ambas han sido financiadas con cargo a economías obtenidas en la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal en la propia Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. EFE
