Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado este martes que la prioridad del ejecutivo canario será evitar retrasos en las obras del Anillo Insular de Tenerife y minimizar una posible indemnización por la anulación judicial del proceso de adjudicación.
A preguntas de los grupos Nacionalista y Popular, el consejero ha indicado en el pleno del Parlamento que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es firme y los servicios jurídicos de la casa estudian “todas las opciones” de recurrir la misma, aunque ha admitido que “no va a ser sencillo”.
Ha recordado que la obra está ejecutada por encima del 60% de su presupuesto, que se eleva hasta los 250 millones de euros, y que en base a lo establecido por el fallo del alto tribunal canario hay dos opciones, la primera de las cuales es que el resto de los trabajos los realice el adjudicatario inicial, OHL, lo cual conllevaría también una indemnización y retrasos en los trabajos.
La segunda opción, que es por la que optará el Gobierno de Canarias, ha dicho el consejero, es buscar “vías de negociación extraprocesales” de la ejecución de la sentencia, en caso de que sea firme, que permitan ejecutar las obras sin retrasos y que los posibles sobrecostes por indemnización sean los menores posibles.
Pablo Rodríguez ha hecho hincapié en que esa posible indemnización “no está prevista y retraerá fondos de otras cosas más necesarias”.
También ha señalado, en respuesta a las preguntas de los diputados Miguel Yonathan Martín (CC) y Luz Reverón (PP), que el encargo de un informe de una persona externa a la mesa de contratación, que en este caso dio pie a una segunda adjudicación de las obras, que es la que ha anulado el TSJC, “no es lo habitual”.
Miguel Yonathan Martín le había preguntado por los motivos por los que durante el Gobierno del ‘pacto de las flores’ se solicitó dicho informe y si su autora era experta en materia de normativa laboral y social, en base al cual el Tribunal de Contratos anuló la adjudicación inicial.
El diputado nacionalista ha recordado también que la primera adjudicación, en mayo de 2019, siendo entonces Pablo Rodríguez consejero de Obras Públicas, fue por 213 millones de euros, y la segunda, de octubre del mismo año, ya con el ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, lo fue por 241 millones.
Martín ha tildado de “chapucero” el procedimiento que ha tumbado el alto tribunal canario, que Luz Reverón (PP) considera “representativo de esa peculiar forma de gestionar el anterior ejecutivo”.
También ha criticado que tenga que ser el actual consejero quien haya de dar la cara ante “este desaguisado” propiciado por su predecesor en el cargo, Sebastián Franquis, cuyo partido, el PSOE, tiene “fobia a ser transparente y dar explicaciones”. EFE
