Eloy Vera |
Puerto del Rosario (Fuerteventura) (EFE).- Bárbara vio cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) disparaban a su marido, de 20 años, y dos décadas después cómo mataban a su hijo de 21. Por miedo a que la historia se repitiera, huyó con su hijo pequeño a España en 2023.
Esta misma semana, Bárbara, que prefiere ocultar su verdadero nombre, ha recibido la cita policial para presentar su manifestación de voluntad de protección internacional en la comisaría de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Sabe que no lo tendrá fácil.
Según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Colombia es una de las nacionalidades con más solicitudes pendientes de resolver con 30.527.
La ONG, coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio, alerta de cómo el 94 % de las personas de este país iberoamericano que han formalizado petición no han logrado protección en España, “a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios”, según apunta en su informe.
Bárbara explica que durante meses ha tenido miedo a acudir a la Policía y solicitar refugio por temor a ser deportada a Colombia. La historia que dejó atrás, y que ahora cuenta a EFE, tiene todos los ingredientes para sentir pavor y optar por huir.
La mujer, de 40 años, es del municipio de Corinto Cauca, un lugar considerado zona roja por operar en ella grupos al margen de la ley.
Al principio, su vida en el pueblo era tranquila. Se enamoró muy pronto de su pareja y con 17 años fue madre. Un día, él se fue a prestar el servicio militar. A la vuelta, comenzaron los problemas.
Asesinado por hacer el servicio militar
“Cuando regresan, los grupos armados los tienen señalados y es ahí donde empiezan las complicaciones porque quieren que se alisten en las guerrillas”, cuenta.
Los mandos de la guerrilla tienen a los habitantes del pueblo a su servicio. Muchos han optado por unirse a los grupos armados después de recibir amenazas y, con tal de tener una vida tranquila aceptan irse a su bando, convirtiéndose en chivatos.
Un día dieron el nombre de la pareja de Bárbara. En diciembre del año 2000, un coche se detuvo a media cuadra de distancia del joven y le dispararon. Horas más tarde, falleció.
Bárbara se quedó sola y con un hijo de seis meses a su cargo. Para poder alimentarlo tuvo que trabajar de reponedora en una gasolinera.
Tiempo después, el propietario comenzó a recibir cartas, las conocidas como “vacunas”, extorsiones de baja cuantía por parte de los grupos criminales que exigen dinero bajo el argumento de “prestar seguridad” en sus zonas de influencia. Al final, al dueño no le quedó más remedio que empezar a pagar.
Hasta que la desgracia volvió a golpear a su puerta, Bárbara tuvo tiempo de enamorarse de nuevo y de tener dos hijos más. Mientras ella intentaba vivir en calma, las guerrillas empezaron a tantear a su hijo mayor para reclutarlo. Él se negó.
Un hijo que se negó a unirse a la guerrilla
“Mi hijo era mecánico. Un día se dirigía a hacer un reparo en la moto cuando lo pararon, le quitaron la motocicleta y le dispararon. Fue porque querían reclutarlo y el optó por irse al servicio militar”, asegura su madre.
Tres años después, Bárbara reconoce que “fue algo tan difícil como inexplicable”. “Fue lo peor que me pudo pasar en la vida. Pasa el tiempo y no termino de entenderlo, a veces siento que estoy en un sueño”, relata.
Con el duelo a las espaldas, decidió irse a otro pueblo, sacar a su hijo pequeño del entorno e intentar salir adelante, aunque no logró dar portazo al miedo.
La idea de huir a España empezó a rondarle la cabeza a finales de 2022, pero no fue hasta febrero del año siguiente cuando decidió subirse al avión.
“La inseguridad fue el motivo que me empujó a irme. Tengo un niño de once años y no quería que la historia se repitiera. Ellos van creciendo y llega un momento en el que tienen que decidir si quieren ir a la escuela militar y es ahí donde empieza el entorno difícil”, cuenta.
“Cuando me subí al avión y miré por la ventanilla pensé en mi madre, en mi hija y en mi nieto. Me hubiera gustado llevarlas conmigo a Fuerteventura”, explica, casi un año y medio después del viaje.
No pedir ayuda por miedo a ser deportada
Bárbara sabía que podía pedir protección internacional, pero tenía temor a ser deportada: “Sentía que presentándome en comisaría podría ser devuelta, creía que mi historia no era una garantía para quedarme aquí hasta que fui a Cruz Roja y de ahí me derivaron a la asociación Ikual que me están ayudando en el proceso”.
Vive de alquiler con su hijo y una amiga colombiana. Empezó a trabajar de limpiadora a domicilio a nueve euros la hora, gracias al boca a boca ha conseguido que aumente el número de viviendas.
Cuando ya estaba en Fuerteventura, recibió una carta en casa de su madre en la que le decían que tenía unos días para irse. Las noticias que le llegan por teléfono desde Colombia le hablan de intranquilidad, inseguridad y de la llegada de cartas amenazantes a los buzones.
Bárbara espera que el Gobierno de España acabe dándole protección internacional, aunque es consciente de que “muchas solicitudes son denegadas” y eso le preocupa, porque tiene miedo a regresar.
Con los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016, Colombia sintió un alivio. Dejaba atrás un conflicto armado que, según datos de la Comisión de la Verdad, había causado 450.664 muertes entre 1985 y 2018, aunque hay estimaciones que elevan hasta 800.000 el número de víctimas.
Ocho años después, Bárbara cree que el acuerdo “no ha servido para nada”. “La violencia está azotando a mi pueblo, ha habido muchos muertos últimamente y tampoco hay empleo. Allí, la vida fácil es el narcotráfico y las drogas, un trabajo digno no se consigue”, dice.
Bárbara quiere soñar con un futuro en España, junto a sus dos hijos y su madre. Su hijo pequeño, que ha escuchado en silencio cómo cuenta el viaje migratorio, sueña con ser futbolista en España. EFE
