Madrid/Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que prorroga a este año, 2025, la deducción del 60 % en el IRPF concedida a los residentes en La Palma para compensar los efectos de la erupción y dota una partida de 100 millones de euros para ayudas destinadas a esa isla.
Esos 100 millones de euros se distribuirán, de forma prioritaria, en ayudas al sector primario de La Palma que sufrió los efectos del volcán Tajogaite.
Todos esos acuerdos formaban parte del compromiso asumido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para impulsar los acuerdos relativos a La Palma que figuran en la denominada Agenda Canaria (el pacto al que CC condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente).
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las principales medidas contempladas en el real decreto ley responden a la necesidad de ayudar «al sector más afectado, el primario».
El ministro ha dicho que, tras haber compensado a todos los que perdieron su vivienda habitual durante la erupción, ahora tocaba «hacer un esfuerzo con el sector más afectado».
El real decreto ley, que Torres espera que el Congreso convalide «si es posible unánimemente», destina 100 millones de euros procedentes del superávit presupuestario de 2024 para los daños en las fincas agrarias y las compensaciones para la construcción de instalaciones en las fincas expropiadas o dañadas, ha detallado el ministro.
También afecta al sector primario, ha indicado, el restablecimiento de la moratoria de obligaciones de pago para quienes habían solicitado préstamos por la pérdida de sus fincas y cuyos ingresos provengan principalmente de la agricultura.
Según el ministro, que presidía el Gobierno canario durante la erupción, esta medida beneficiará a «unos 200 agricultores».
Se ha aprobado igualmente una ampliación a este ejercicio fiscal de la deducción del 60 % en el IRPF concedida a los residentes en La Palma.
Torres ha añadido que las subvenciones aprobadas desde el Ministerio de Transición Ecológica (12 millones para la comunidad autónoma y 3,3 para el cabildo) podrán justificarse hasta el fin del primer trimestre de 2026, tras prolongarse el periodo contemplado inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre.
«Respondemos a todo lo que nos habíamos comprometido», ha asegurado el ministro, que ha señalado que el real decreto ley «tiene urgencia y es necesario».
El texto tiene efectividad inmediata tras su publicación en el BOE y ha de someterse al refrendo del Congreso de los Diputados antes del 31 de diciembre, ya que, de lo contrario, la deducción fiscal para el ejercicio en curso no sería aplicable.
