Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria solicitará junto al Gobierno de Canarias un cambio normativo que posibilite un marco retributivo de la generación de electricidad en las islas «más soberano» y que evite que el 25 % de la producción de energía renovable de la isla «se tire a la basura», como asegura que ocurre en la actualidad, con pérdidas económicas millonarias.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y su consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, han presentado este lunes en rueda de prensa una propuesta elaborada por la consultora Samso, especializada en política y regulación energética, y han alertado que, de no cambiar el modelo actual, se producirá que «un parón» en la generación de renovables.
El archipiélago precisa de un marco regulatorio excepcional, como ocurre en Azores y en Madeira (Portugal), donde la Unión Europea lo permite por las desventajas estructurales de ambos territorios, y cambiar el modelo implementado en Canarias porque responde a parámetros de la península, ha recalcado Morales, quien ha defendido que la propuesta es «gradual, realista y jurídicamente sólida».
Morales ha dicho que para elaborar esta propuesta se ha trabajado con las organizaciones empresariales y ecologistas, así como con el sector de las energías renovables, y que el Gobierno canario trabaja sobre ella, por lo que, una vez que esté culminada, se presentará al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los sobrecostes para generar energía eléctrica en las islas duplican a los de la península y se cifran en unos 800 millones de euros, que no van a desaparecer si no se modifican las reglas del sistema, ha señalado también Morales, que ha recordado que el sistema eléctrico de las islas sigue dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles.
Según su análisis, con el modelo vigente, cuanto «más energía renovable se instala más se desperdicia».
Ha señalado que en Canarias no existe un mercado eléctrico como el peninsular y «no hay casación real de ofertas ni competencia efectiva entre tecnocologías», se dispone de un sistema regulado, gestionado por el operador del sistema, en el que el precio de referencia se importa del mercado peninsular y no refleja los costes de la realidad canaria».
Debido a esta situación, «no hay señales económicas eficaces para incentivar el consumo flexible, el almacenamiento o la gestión de la demanda» y se dificulta la inversión en los activos que el propio sistema necesita para avanzar, ha subrayado el presidente del Cabildo.
Morales ha sostenido que con los cambios que se propugnan se persigue acelerar la descarbonización del sistema eléctrico canario, favorecer una mayor penetración de energías renovables, integrar el almacenamiento energético y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles importados, además de crear mejores condiciones para la inversión en las energías limpias.
El especialista de la consultora Joan Herrera ha hecho hincapié en que Canarias cuenta con sistemas aislados y frágiles y requiere de «flexibilidad en el almacenamiento», que es algo que permite la UE cuando no hay mercado, como es el caso de Canarias.
Con esta solución se pueden bajar los costes del sistema y acelerar el almacenamiento para la penetración de las renovables, al tiempo que ha incidido en que la ley del sector eléctrico reconoce la singularidad de los territorios no peninsulares, y la realidad de Canarias es especial por su lejanía.
El almacenamiento con baterías de ion de litio que se propone posibilitaría desplazar la generación de energía con combustibles fósiles, pero para ello se debe retribuir mejor su instalación, que siempre será inferior al coste de la generación de energía térmica, ha añadido otro de los consultores, David Ribó. EFE .
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