Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «intervendrá» con diez medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el principal problema para más del 40 % de sus vecinos, por lo que, entre otras cosas, dará a su sociedad de urbanismo (Geursa) la función de ser casero con alquileres asequibles.
Además de consolidar lo que se ejecuta desde 2023 y dar un impulso a estas políticas, el gobierno que sustentan el PSOE, NC y Podemos exige a la administración competente en la materia, el Gobierno de Canarias, que «haga lo que tiene que hacer» ante esta emergencia habitacional, cuyo impacto se agrava en esta capital de la comunidad autónoma por el «cóctel social» que se registra en ella.
Por ello, el grupo de gobierno de la ciudad vuelve a urgir al Gobierno canario a que la declare como zona tensionada para que los alquileres puedan bajar de precio entre un 5 y un 6 %, ya que reúne tres de los cuatro requisitos que se exigen para serlo.
Al respecto, ha celebrado que, tras año y medio, el Ejecutivo de Fernando Clavijo les haya requerido más información sobre este asunto, una vez que el Consistorio se ha encargado de que el expediente «no caduque», ya que esta declaración es vital para poder limitar la proliferación de los alquileres turísticos.
Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa la alcaldesa Carolina Darias y sus socios Pero Quevedo (NC) y Gemma Martínez (Podemos) al presentar este plan de impulso, con el que aspiran a devolver al mercado del alquiler parte de las 25.000 viviendas vacías que hay en la ciudad y limitar el crecimiento de las vacacionales que ya operan en ella, unas 5.000, con los mecanismos que otorga la nueva ley que regula ese negocio turístico en Canarias.
Ley de Usos Turísticos de la Vivienda de Canarias hace unas encomiendas a los ayuntamientos que no van acompañadas de fondos para materializarlas, han criticado Quevedo (NC), que considera que su tramitación propició «una eclosión» de viviendas dedicadas al uso turístico por no haberse aprobado antes una moratoria.
El decálogo de actuaciones, que se sustentan en buena medida en «optimizar lo que ya existe», según ha puntualizado Darias, también prevé que el Ayuntamiento compre, con fondos propios o con otras fuentes de financiación, edificios enteros para dedicarlos al alquiler vacacional.
Con el propósito de aumentar el número de viviendas que se pueden ejecutar en suelos urbanos o urbanizables, que ha situado en torno a las 4.000, el gobierno municipal buscará más suelo, público y privado, para reservarlo para viviendas protegidas.
Para poner en el mercado más viviendas de alquiler a precios asequibles, también pedirá a la comunidad autónoma que le delegue la competencia para ejercer el derecho de tanteo o retracto para la adquisición preferente respecto de determinados propietarios o que la ejerza, como le corresponde.
El refuerzo que se quiere dar a la sociedad municipal Geursa con una división sobre vivienda para por habilitarla para que pueda ejercer el derecho de usufructo temporal y gestionar así los alquileres asequibles que promueva el Consistorio, ha explicado Darias.
Con el fin de adecuar la Ley de Usos Turísticos de la Vivienda, cuyos efectos directos e indirectos estudia su área de Urbanismo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado impulsar ordenanzas provisionales dirigidas a garantizar que la vivienda tenga la función social que le consagra la Constitución Española en su artículo 47, ha aseverado Quevedo.
Con ello, podría establecerse nuevos porcentajes de reserva de vivienda o modificarse la ordenanza de edificación para prohibir nuevas viviendas vacacionales, ha referido la alcaldesa, quien ha vuelto a criticar que la norma regional obligue a los entes locales a realizar labores de inspección y no les dote de recursos para ello.
Otras fórmulas que se aspira a propiciar en la capital grancanaria son las cooperativas y las viviendas colaborativas, al tiempo que se creará un observatorio municipal de la vivienda para poder contar con datos oficiales del mercado, un ente que podría comenzará a funcionar a mitad de año.
Pedro Quevedo ha recalcado que la decisión del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria de «intervenir» en la vivienda se toma una vez comprobado que, por sí solo, el mercado no es capaz de resolver el problema de precios que existe, lo que puede llevar a que muchas personas «acaben por vivir debajo de un puente».
Al mismo tiempo, ha precisado que lo que se trata de combatir es «la actividad especulativa que afecta a la mayoría de la población», no a la que puedan desarrollar pequeños ahorradores.
Por Podemos, Gema Martínez, ha subrayado que, como se visibilizó este fin de semana en la gala de elección del Drag Queen del Carnaval de la ciudad, donde el público «ovacionó» a los dos candidatos que pusieron de manifiesto en su actuación que «Canarias tiene un límite» o que «No hay cama pa’ tanta gente», la calle pide que los políticos tomen medidas para construir más viviendas públicas y garantizar que sea un derecho». EFE
