Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, mantiene bloqueado el procedimiento que permitiría a cerca de 10.000 familias canarias adquirir en propiedad las viviendas protegidas en las que llevan décadas viviendo en régimen de alquiler.
Franquis realiza estas declaraciones tras los encuentros que ha tenido con representantes de la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho de Lomo de los Frailes, con quienes abordó la situación de las familias afectadas y el incumplimiento, a juicio de los socialistas, de la finalidad del Decreto 1/2023, aprobado durante el anterior Gobierno de Canarias.
Para el portavoz socialista, la situación es “especialmente grave” porque el Decreto 1/2023 continúa vigente y establece el marco para desarrollar el procedimiento de acceso a la propiedad de estas viviendas.
Franquis, en un comunicado, considera que Clavijo ha decidido guardar en un cajón un decreto que sigue plenamente vigente «y no lo ha derogado, no lo ha modificado y, sencillamente, se niega a aplicarlo. Es una decisión política injustificable que condena a miles de familias a una incertidumbre permanente», señala.
El portavoz parlamentaria recuerda que el Decreto 1/2023 fue aprobado para sustituir y actualizar el régimen establecido por el anterior Decreto 114/1999, adaptando el procedimiento a la legislación vigente y dotándolo de mayores garantías jurídicas.
En este sentido, rechazó que la derogación del Decreto 114/1999 pueda utilizarse como argumento para negar el acceso a la propiedad.
El portavoz socialista subraya que la propia denominación, el artículo primero y la exposición de motivos del Decreto 1/2023 dejan clara su finalidad, orientada a regular y facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas mediante un procedimiento con mayores garantías de seguridad jurídica, transparencia y eficacia.
En su opinión, el problema no está en la ley sino en un Gobierno «que no aplica la ley que tiene vigente» y considera que lo que existe es una decisión política de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) de no activar el procedimiento que permitiría a miles de familias convertirse en propietarias de sus hogares.
Franquis considera además que es “especialmente grave” el contenido de las comunicaciones remitidas por VISOCAN a las familias afectadas, en las que se indica que “no existe previsión alguna de ofertar la venta” de determinadas promociones.
“Esta frase es muy reveladora. No demuestra que exista un impedimento legal para vender las viviendas; demuestra que el Gobierno no tiene previsto hacerlo. El problema, por tanto, no es la inexistencia de un procedimiento, sino la decisión de no ponerlo en marcha”, señala Franquis.
El portavoz socialista indica que fue el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres el que aprobó el Decreto 1/2023 para actualizar el régimen jurídico y ofrecer una respuesta a las familias que llevaban años esperando poder acceder a la propiedad de sus viviendas.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno de Canarias activar de inmediato el procedimiento previsto en el Decreto 1/2023 mediante la publicación de las resoluciones de oferta de venta de las promociones afectadas y garantizar a las familias afectadas “una información clara y jurídicamente rigurosa».
Además en la nota el PSOE pide que se dé una “respuesta definitiva y con seguridad jurídica” a las cerca de 10.000 familias que esperan poder adquirir las viviendas en las que llevan décadas viviendo.
Franquis anunció que el Grupo Parlamentario Socialista llevará esta situación al Parlamento de Canarias mediante distintas iniciativas de control e impulso político. EFE
