Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Nueva Canarias (NC) propone promulgar en las islas una nueva ley de vivienda al considerar que ha quedado «obsoleta» la actual, aprobada hace 23 años, para garantizar el derecho a la vivienda protegida y asequible y resolver la crisis habitacional que afecta a la mayoría de los canarios con una financiación estable, en torno al 0,4 % del PIB.
El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, y la vicesecretaria del partido y diputada autonómica, Carmen Hernández, han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa la proposición de ley que defenderán la próxima semana en la Cámara «tras tres años de inacción» del Gobierno formado por CC y PP.
A su juicio, «las dos derechas» solo han favorecido con sus medidas la «especulación y a una minoría», cuando la gente carece de «salario suficiente» para acceder a una vivienda, han recalcado.
La ley que propone NC contendría una partida nominal para 2026 de 256 millones de euros, ha señalado Hernández.
La diputada ha recordado que la vivienda ha sido para su partido un «compromiso histórico» y ha hecho hincapié en que el derecho a la vivienda se recoge en la Constitución y se protege en el Estatuto de Autonomía.
Desde su punto de vista, «la mejor forma de que se cumpla es potenciando la protegida y los alquileres asequibles» como se pretende con esta proposición de ley, registrada esta mañana en el Parlamento.
Así mismo, ha afirmado que este «derecho lo tiene que liderar la administración pública con un papel activo y una política que combine la construcción, la planificación, la regulación vivienda vacía e interviniendo en el mercado y protegiendo a las familias, sobre todo, a las más vulnerables.
Hernández ha explicado que la creación de un parque público suficiente es uno de los ejes más importante de la ley que proponen, para dar respuesta a las 37.000 personas que figuran en la lista de espera para conseguir una vivienda, según los datos del Gobierno canario, pero ha asegurado que son más porque ya hay demandantes que ni se registran porque algunas llevan 20 años pendientes de lograrlo.
La media de vivienda pública protegida de la Unión Europea se sitúa en el 9 % y en Canarias no llega al 2 % y, con esta ley, se propone que el 4 % del parque residencia sea protegida en un horizonte de cinco años, en los que pretenden contar con 44.000 viviendas promovidas por el Gobierno canario y la iniciativa privada.
Construir esas 44.000 viviendas requiere de cambios políticos y en el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y Viviendas Protegidas de Canarias (Visocan), dos organismos que NC considera que han demostrado «ser ineficaces», y contar con los cuatro municipios con mayor población de las islas, que es donde se concentra la mayor demanda.
Otra de las novedades que propone la ley de NC es la introducción del derecho subjetivo a la vivienda para asegurar una solución habitacional que, en caso de no cumplir el ciudadano tendría derecho a reclamarlo, como ocurre en el País Vasco.
Así mismo, incluye planes insulares y municipales porque NC entiende que la planificación es fundamental y «movilizar la vivienda vacía» dando seguridad jurídica al propietario y crear un registro con las existentes, porque no se entiende que en una situación de «emergencia habitacional» pueda haber 212.000 viviendas vacías, además de implementar un nuevo impuesto que grave a los grandes tenedores, a los bancos, a los fondos buitre y a las inmobiliarias que compren para especular. EFE
