Santander (EFE).- La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha exigido un acuerdo que ponga fin a los sucesivos conflictos laborales en la Administración de Justicia y que reactive “de inmediato” el funcionamiento del servicio público.
Ortega también ha reclamado un Pacto de Estado que, tras las elecciones generales del 23 de julio, ponga a la Justicia “entre las prioridades”.
“No lo ha estado nunca, no es una cosa ni de unos ni de otros, y es la hora de que se tome la Justicia en serio”, ha afirmado.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía de España ha hecho estas declaraciones en una protesta en los Juzgados de Las Salesas, en Santander.
La Abogacía reclama un acuerdo sobre puntos estratégicos como la gestión, los recursos, la transformación tecnológica o la evolución normativa.
“Es fundamental el diálogo, pactar y llegar a un acuerdo”, ha recalcado Ortega.
Advierten de un aumento de las demoras
El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, ha advertido que, “cuando termine el conflicto, las demoras se van a agrandar”.
Y cree que también hará falta un acuerdo en cada Tribunal Superior Justicia para “poder normalizar esta situación caótica”.
Tras apuntar que corresponde al Ministerio de Justicia resolver el conflicto, De Diego ha asegurado que los abogados respetan el derecho a la huelga de los funcionarios, pero ha señalado que existe otro derecho, “el de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”.
Por ello, ha pedido “una modulación de las medidas”, más si cabe porque puede que no se constituya un nuevo Gobierno hasta después del verano.
“La Justicia no puede estar paralizada todo este tiempo”, ha apostillado.
La decana del Colegio de Procuradores de Cantabria, Rosaura Díez, ha lamentado que las huelgas que se vienen sucediendo desde principios de año “no han sido más que la gota que ha colmado el vaso del funcionamiento bastante anormal de la Administración de Justicia”.
“as huelgas han venido a dar la puntilla a una situación lamentable”, ha criticado.
Como representantes del ciudadano ante los juzgados, los procuradores han alzado la voz por “los gravísimos económicos y personales” que están suponiendo estas huelgas.
En lo que a ellos respecta, protestan porque los ingresos han cesado mientras los gastos se mantienen.
