Santander (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, va a pedir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para “construir una alianza” de las comunidades autónomas “frente a los privilegios y la desigualdad” que suponen los acuerdos con los independentistas catalanes.
Tras una reunión extraordinaria este viernes del Consejo de Gobierno de Cantabria, para analizar el acuerdo entre el PSOE y Junts Per Catalunya, Buruaga ha leído una declaración institucional que apoya todo su Ejecutivo para asegurar que “no se va a callar”.
Buruaga considera que la Conferencia de Presidentes, como el órgano de “máximo nivel político”, “tiene que pronunciarse para demostrar que no se puede decidir el futuro de España de forma bilateral, por la puerta de atrás y a espaldas de las demás regiones”.
Un recurso de inconstitucionalidad
Y ha anunciado que Cantabria “ha puesto en marcha toda la maquinaria” de su Gobierno “para empezar analizar las acciones jurídicas procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la ley de amnistía esté aprobada y publicada”.
María José Sáenz de Buruaga ha considerado que el acuerdo con los independentistas, que “tienen como objetivo derrotar al Estado”, no puede ser “una claudicación mayor”, y ha rechazado esa decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “a cambio de siete votos”.
La líder del PP en Cantabria afirma que “no hay una sola institución española -la policía, la justicia y sus jueces y magistrados, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Estado de Derecho entero- que no se desacredite con este acuerdo”.
“Una traición”
“Este Gobierno no se va a callar. No va a permanecer quieto y callado ante lo que supone una traición a la Constitución, al Estado de las Autonomías y también a Cantabria, a la autonomía de Cantabria”, apostilla.
Y anuncia que irá al Comité de las Regiones de la Unión Europa “para garantizar” que los cántabros “no pierdan ni uno solo” de sus derechos. “Nos negamos a aceptar que el destino de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo”.
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Buruaga ha calificado de “vergonzante” el acuerdo del PSOE con Junts, porque ha considerado que se “temía” una ley de amnistía, pero ha supuesto “el avance del independentismo en todos sus postulados y objetivos a costa de la igualdad, la dignidad y el Estado de Derecho”.
“Sánchez está cediendo todo y en todo al chantaje de los independentistas. Una entrega total y absoluta, completa y sin matices, que pagaremos todos los españoles”, ha advertido Buruaga.
La presidenta cántabra recuerda que eso no fue lo que el líder socialista dijo en la campaña electoral y considera que la “reacción tiene que ser, por lo tanto, una suma de fuerzas institucional, legal, política y social, firme e inequívoca, pero también cívica, tranquila y serena”.
Buruaga cree el acuerdo con Junts reconoce a Cataluña “como nación distinta a la nación española” y critica que el partido de Carles Puigdemont pueda proponer un referéndum de autodeterminación, así como que se defienda “una relación privilegiada y la cesión del cien por cien de los tributos”.
Ha rechazado la inclusión del “lawfare o la judicialización de la política”, porque opina que “supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes”,.
Y añade que este acuerdo “asume el falseamiento de la historia de España y la manipulación jurídica y política de los independentistas”.
La jefa del Ejecutivo cántabro suma a ello el pacto que también se suscribió con Ezquerra Republicana de Catalunya, en el que “privilegian a una minoría en detrimento de la mayoría y liquidan la igualdad entre los españoles que consagra la Constitución”, ha subrayado.
“Un abuso institucional”
“El independentismo y Pedro Sánchez quieren la resignación de los ciudadanos y las instituciones ante el mayor abuso institucional que se ha producido en este país en 50 años de democracia”, enfatiza Buruaga, pero avisa de que “no la van a tener”.
“Los cántabros tenemos motivos sobrados para no ser indiferentes a un acuerdo que no solo socava las bases de nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática, sino que también va a tener consecuencias en la economía y el bienestar de Cantabria, porque nos sitúa en clara desventaja”, ha asegurado María José Sáenz de Buruaga.
