Toledo (EFE).- La última ley de las Cortes de Castilla-La Mancha esta legislatura, la de Agricultura Familiar y de acceso a la tierra, no ha tenido el acuerdo de los grupos parlamentarios, ya que el PSOE la considera necesaria, porque prioriza las ayudas a la agricultura familiar, pero PP y Ciudadanos han votado en contra, sobre todo, porque incluye crear un banco de tierras para la agricultura con suelo infrautilizado.

En sus intervenciones ante el pleno, al principio y al final de este punto del orden del día, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha puesto en relación que la primera ley de la legislatura, en 2019, fue la del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha y la última sea la de Agricultura Familiar.

Ha expuesto como datos que la agricultura y la ganadería representan el 18 % del PIB de Castilla-La Mancha, el doble que a nivel nacional y el más alto de todas las comunidades, y ha crecido en seis puntos desde el 12 % del PIB en 2015, y también ha dicho que desde 2016 se han incorporado al campo 4.000 jóvenes (una tercera parte, mujeres) y se han destinado a este ámbito 150 millones de euros.

Además, el desempleo en el campo es cuatro veces menor que en 2015, el sector agroalimentario supone un tercio de las exportaciones, hay 160.000 cooperativistas y 120.000 agricultores y ganaderos, “muchos” de ellos en el modelo de explotación familiar que prioriza la nueva ley, según el consejero, frente al modelo “que no queremos” de los fondos de inversión como propietarios de la tierra.

Martínez Arroyo ha enumerado que los principales aspectos de la ley son:

la definición de explotación familiar agraria, ya que las ayudas priorizarán a las registradas como tales: aquellas en las que más del 50 % de trabajadores sean del núcleo familiar
se constituyen zonas de protección agraria para impulsar agricultura en lugares donde es necesaria
se crean bancos de tierras, que se nutrirá del suelo de las cámaras agrarias que pasó a la Junta cuando fueron derogadas y de tierras que se consideren infrautilizada.

PP y CS creen que la ley atenta contra la propiedad privada

Tanto la diputada del PP Lola Merino como la de Ciudadanos Elena Jaime han rechazado el texto del proyecto de ley y han pedido, en varias ocasiones, que se retire y se devuelva al Gobierno regional para enmendarla ya que, a su juicio, atenta contra la propiedad privada del suelo.

Merino (PP) ha tachado la ley de “comunismo puro y duro” y de “bolivariana”, ha dicho que el banco de tierras es una “expropiación” de la tierra y una “desamortización” y ha acusado al presidente regional de haber “perdido la cabeza”, en tanto que Jaime (Ciudadanos) también ha incidido en que la ley permite “expropiar” durante 25 años tierra no utilizada para que tenga un uso agrario y ha criticado que pocas explotaciones de la región se ajustan a la definición que marca la ley.

En respuesta a las dos diputadas, el consejero ha explicado que el banco de tierras favorecerá “claramente” el relevo generacional en el campo y ha señalado que no es una “propuesta bolivariana” poder tener acceso al suelo en propiedad o en arrendamiento, máxime cuando el texto lo han avalado los servicios jurídicos.

“No digamos barbaridades”

“No digamos barbaridades, Castilla-La Mancha no tiene competencias sobre el derecho a la propiedad”, ha dicho Martínez Arroyo quien ha negado que se arrebate tierra a los agricultores sino que la ley prevé que el suelo sin uso podrá ser utilizado como banco de tierras siempre que el propietario no actúe para que no esté en desuso, algo que también contienen las leyes aprobadas, en su momento, por el PP en Castilla y León y en Galicia.

La diputada socialista Joaquina Saiz, por su parte, ha valorado la necesidad de aprobar una ley que ha calificado como “necesaria para aquellos que quieren hacer del medio rural su modo de vida”.

Además, en una rueda de prensa tras la aprobación de la ley, el presidente del PP regional y candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades, Paco Núñez, se ha comprometido a derogar esta norma si gobierna en la región tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Núñez ha incidido en el argumento de que la ley atenta contra el derecho de la propiedad privada y, por contra, ha avanzado que si gobierna en Castilla-La Mancha pondrá en marcha una legislación para lograr el asentamiento demográfico en los pueblos, “apostando por la economía familiar vinculada al campo y al desarrollo agroalimentario”. EFE