Ciudad Real (EFE).- El magistrado Luis Casero ha tomado posesión este viernes como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en un acto presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), María Pilar Astray.
Casero asume la presidencia de la Audiencia Provincial tras una larga trayectoria profesional vinculada al órgano judicial ciudadrealeño, donde ha desarrollado gran parte de su carrera.
“Es la culminación de todo un proceso y el comienzo de una etapa nueva dentro de la Audiencia”, ha señalado este viernes a los medios de comunicación antes del acto, donde ha destacado que la institución funciona como “una gran familia” y para él supone una satisfacción especial concluir su carrera profesional al frente de la Audiencia Provincial.
Carga de trabajo y retraso en resolución de asuntos
Entre los principales retos que se marca figura mantener el buen clima de trabajo interno y afrontar uno de los problemas que más preocupan actualmente al sistema judicial: el aumento de la carga de trabajo y el retraso en la resolución de asuntos.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de incrementar la plantilla judicial para responder a la situación que atraviesa la provincia: “Los tiempos de respuesta se han disparado y en el ámbito civil hay procedimientos que tardan más de dos años en obtener una sentencia, algo que no es razonable”, ha afirmado.
La Audiencia Provincial cuenta con nueve magistrados distribuidos en dos secciones, una integrada por cinco miembros y otra por cuatro.
Aunque inicialmente la Sala de Gobierno planteó la incorporación de un magistrado adicional, Casero ha explicado que los informes elaborados reflejan que serían necesarios hasta cuatro nuevos magistrados para responder adecuadamente a la carga de trabajo.
“No parece que en los planes actuales del Ministerio figure ninguna nueva plaza para la Audiencia Provincial, pero seguiremos insistiendo”, ha señalado.
Astray coincide en la falta de medios judiciales
Por su parte, María Pilar Astray ha respaldado las reivindicaciones relacionadas con la falta de medios judiciales y ha explicado que el déficit de plazas en Castilla-La Mancha es una reclamación histórica trasladada reiteradamente por el alto tribunal regional.
Astray ha señalado que la comunidad autónoma presenta una realidad territorial singular, marcada por una amplia extensión geográfica y una población dispersa, lo que obliga a mantener órganos judiciales alejados entre sí independientemente del volumen de asuntos.
“Hay que entender la realidad de Castilla-La Mancha de una manera distinta si queremos tener una justicia de calidad”, ha afirmado, indicando que los actuales criterios de reparto de plazas judiciales se basan fundamentalmente en parámetros poblacionales que, a su juicio, no se ajustan completamente a las necesidades del territorio.
La presidenta del TSJCLM ha explicado que mientras en comunidades uniprovinciales o con una elevada concentración urbana la distribución de recursos puede responder más fácilmente a criterios numéricos, en Castilla-La Mancha existen factores como la dispersión territorial y las grandes distancias entre municipios que exigen una planificación diferente.
“Tenemos provincias muy extensas y hay órganos judiciales que tienen que existir aunque el volumen de asuntos no sea especialmente elevado, porque deben garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos”, ha señalado.
Pide 52 nuevas plazas judiciales
Según ha explicado, Castilla-La Mancha mantiene una necesidad estimada de 52 nuevas plazas judiciales entre órganos colegiados y unipersonales, además de otras necesidades en materia de personal y estructura territorial.
No obstante, ha precisado que la propuesta actual del Ministerio contempla inicialmente la creación de 21 plazas, una cifra que aún debe confirmarse oficialmente mediante la aprobación del correspondiente real decreto.
Astray también ha advertido de que, incluso una vez autorizadas esas nuevas incorporaciones, la cobertura de las plazas no sería inmediata, ya que dependerá de la disponibilidad de jueces procedentes de la Escuela Judicial y de una implantación progresiva.
