Fernando Sanz | Mojados (Valladolid) (EFE).- Palada a palada y desde las 9.00 horas de este martes, media docena de voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se afanan en retirar tierra para encontrar los restos de Pedro de la Calle, un pastor y militante socialista asesinado por falangistas el 25 de agosto de 1936 y reparar así su memoria, ya que sin ella “no habrá concordia”.
Una exhumación que tiene lugar en el cementerio de Mojados (Valladolid) -3.250 habitantes- y que concluirá en los próximos días, según explica a la Agencia EFE el coordinador de este proyecto y vicepresidente de la ARMH, Marco González, que además se produce una semana después de la presentación de la proposición de ley de la Concordia de Castilla y León por parte de PP y Vox.
Según el proyecto de intervención, De la Calle, nacido en el municipio vallisoletano de Alcazarén el 23 de febrero de 1888, era pastor de profesión, socialista y miembro de la Casa del Pueblo, y vivía en Mojados con su esposa, Romana Burgos, y sus dos hijas, Ángela y Lucía.
El texto recoge que la víctima fue detenida en dos ocasiones: en la primera, falangistas de los municipios de Alaejos, Ataquines y Mojados le dieron una paliza en el calabozo del Ayuntamiento, mientras que en la segunda –que tuvo lugar cuando escogía garbanzos con sus hijas– le llevaron a un pinar cercano donde fue colgado “después de sufrir vejaciones y mofas”.
El certificado de defunción, fechado a 27 de agosto de 1936, señala como causas de la muerte “congestión” -hay una palabra ilegible- y “asfixia”
Fuera del mapa de fosas en Valladolid
La búsqueda de los restos mortales de Pedro de la Calle arrancó en marzo de 2006, cuando su hija Ángela solicitó sin éxito al Ayuntamiento de Mojados que pusiera los medios para enterrarle en un espacio más acorde, ya que creía que se encontraba en el “cementerio pequeño”, según recoge el estudio del propio proyecto de intervención de ARMH al que ha tenido acceso EFE.
De hecho, la zona de excavación es la parte civil del cementerio municipal, donde durante años se enterraban a los niños sin bautizar y a las personas sin identificar que podían morir en las cercanías, por lo que no descartan encontrar otros huesos, que tendrá que catalogar pero que serán devueltos a su localización original.
“Lo que pedía Ángela era, sencillamente, exhumar esos restos y enterrarlos con los restos de la viuda en el cementerio que está a escasos metros”, explica González, que añade que “las víctimas de la dictadura en este país no han tenido ningún derecho” y que los han obtenido a través de “mucho movimiento social”.
El caso de Pedro de la Calle, además, tampoco aparece en los Mapas de Fosas de la Junta de Castilla y León, actualizado entre los años 2020 y 2021, ni del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, aunque la publicación online ‘Todos los nombres’ de la ARMH de Valladolid sí lo incluyó entre los represaliados por el bando sublevado.
“Podríamos haber estado hablando de 8.500 lugares donde se ejecutó y se enterró a personas en toda España, aunque es una cifra incalculable porque de momento el Estado no ha hecho un recuento de víctimas”, incide González, que por su propia experiencia cree que “hay o hubo una fosa en cada pueblo”.
Impunidad para los agresores
González destaca que esta exhumación forma parte de las programadas por la ARMH para el año 2024, que incluye intervenciones a lo largo de toda la geografía española como León, Melilla o Córdoba, pero que es especial porque coincide en el tiempo con la proposición de Ley de Concordia de PP y Vox en Castilla y León.
En su opinión, esta propuesta –que derogaría el decreto de Memoria Histórica aprobado por el anterior gobierno de la Junta de Castilla y León en 2018- representa “una palada más a la impunidad hacia las víctimas de la dictadura”.
“No hay concordia mientras haya personas todavía arrojadas en puntos como este o en cunetas”, lamenta, para señalar que la ARMH intervendrá en un futuro en el cercano municipio de Hontoria del Pinar, porque hay indicios de una fosa.
También que la propuesta de PP y Vox incluye un artículo, el 4.4, que limita la comunicación respecto a estas excavaciones, lo que obligaría a los colectivos memorialista a trabajar “a puerta cerrada y no se podría contar la historia de este hombre que fue asesinado”.
“Creemos que esto debería ser un tema judicial, un tema de derechos humanos, donde se tiene que garantizar justicia y reparación a todas las víctimas de la dictadura”, asegura, para recordar el franquismo en 1940 ya hizo un recuento de los muertos en su bando y que en la provincia de Valladolid “se pueden contar con los dedos de una mano”.EFE
