Valladolid (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO de Castilla y León han criticado este viernes el contenido de los decretos ley aprobados por la Junta para reformar el operativo de prevención y extinción de incendios, que ven como un «trágala» sin negociación y que han sido presentados con «mala fe», por lo que estudian vías legales para impugnarlos precisamente por ausencia de negociación.
En primer lugar, el responsable del sector de Servicios Públicos de UGT-CyL, Tomás Pérez, ha declarado a EFE que están «muy enfadados» con la Junta por su «mala fe negociadora», ya que no ha dado opción a modificar alguna de las cuestiones planteadas en los decretos, pese a las demandas sindicales de abrir un verdadero diálogo.
Por este motivo, Pérez ha anunciado que los servicios jurídicos del sindicato analizan las posibilidades de recurrir una normativa que, de ser convalidada en las Cortes de Castilla y León, habría obviado la necesaria negociación con la representación de los trabajadores, algo que ya llevaron a los tribunales hace años y que ganaron en el caso de la publicación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta, ha recordado Pérez.
Sobre el contenido, UGT cree que no hay una mejora sustancial en las condiciones, más allá de lo que la Junta está «obligada» por las leyes ya aprobadas, como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero ha rechazado la solución dada por la Consejería a la consideración pública de todo el operativo, por la vía de la contratación con la empresa pública Tragsa: «Que no nos engañen con las palabras», ha advertido.
Pérez ha destacado que si el propio presidente Mañueco decía, cuando este verano había desplegados numerosos medios procedentes de otros puntos del país y del extranjero, que no eran suficientes y pidió más, este planteamiento de operativo no puede incluir las mismas personas que había en años precedentes.
Trágala y maquillaje
Por su parte, el sindicato CCOO de Castilla y León ha rechazado el contenido de los decretos ley, que considera «un trágala» de la Consejería de Medio Ambiente que busca «maquillar» la situación tras los graves incendios del verano.
En declaraciones a EFE, el coordinador de Agentes Medioambientales de CCOO-CyL, Jorge Nieto, ha remarcado que «nunca» la Consejería ha llamado a los representantes de los trabajadores para abordar el contenido de estos decretos, por lo que ha negado que se haya negociado su contenido con los sindicatos, como ha hablado la Junta.
En la situación actual, este sindicato rechaza la convalidación de los decretos en las Cortes porque las cuantías de subida de salarios para empleados públicos genera desigualdad de trato y no atiende las mayores necesidades de quienes «se queman las pestañas en los fuegos» y, por otra parte, el planteamiento de contratar exclusivamente con Tragsa no responde a la exigencia sindical de que los integrantes del operativo sean personal laboral de la Junta.
En opinión de Nieto, con el recurso de contratar con la empresa pública Tragsa en lugar de con otras empresas privadas, la Junta trata de «quitarse un marrón» y, aunque ha reconocido que las condiciones laborales serían mejores por contar con un convenio mejor que el existente en el sectorial, no alcanzan las que merecen como personal laboral.
Sobre la continuidad de Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Medio Ambiente y José Ángel Arranz como director general de Patrimonio Natural y Gestión Forestal, Nieto ha considerado que ambos están dando «sus últimos coletazos» para intentar dejar «su firma» en la reforma del operativo, pero les ha descartado como interlocutores y ha reclamado nuevamente su dimisión.
Estos decretos fueron aprobados la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y serán debatidos y votados para su convalidación o no el próximo 26 de noviembre en las Cortes de Castilla y León, sin que por el momento el Gobierno autonómico haya iniciado conversaciones con los grupos parlamentarios para buscar el respaldo.
Al contrario de lo que ocurre con los proyectos de ley o las proposiciones de ley, en el caso de los decretos no hay margen para la modificación y la inclusión de enmiendas, por lo que en caso de llegar a algún tipo de acuerdo para modificarlos la opción pasaría por la redacción de un nuevo texto y su aprobación de nuevo en el Consejo de Gobierno, pero los plazos son escasos por la cercanía del final de la legislatura.
Además, esta situación se agrava porque acaba de comenzar también la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, que tiene preferencia sobre el resto de cuestiones, aunque en este caso están interconectadas, ya que la Junta ha asegurado que en las cuentas hay partidas contempladas para dar cumplimiento a lo previsto en los decretos. EFE
