Valladolid (EFE).- La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha rechazado este miércoles el contenido de los decretos aprobados por la Junta de Castilla y León para cambiar su política y operativo de prevención y extinción de incendios forestales por falta de diálogo: «No se puede legislar a golpe de incendio, sin diálogo ni base técnica», ha resumido.
En un comunicado, esta entidad ha manifestado su «firme desacuerdo» con los decretos aprobados por la Junta el pasado 23 de octubre y que tienen pendiente su convalidación en las Cortes de Castilla y León, en una votación prevista para el próximo 26 de noviembre.
Esta asociación ha acusado a la Junta de no haber pagado a las empresas forestales contratadas desde el pasado mes de junio.
Intereses políticos
«No se puede legislar para obtener rédito político», ha reprochado esta entidad empresarial, convencida de que las medidas aprobadas por la Junta han sido elaboradas sin diálogo previo con los agentes del sector e incorporan disposiciones que «contradicen la propia opinión técnica de la Junta».
La asociación ve «especialmente grave» que el Decreto-Ley 1/2025 no justifique el cambio del modelo de colaboración público-privada que ha caracterizado al operativo de incendios de Castilla y León y que en su opinión ha deparado «más de 30 años de éxito contrastado».
En su opinión, «es posible mejorar el modelo actual, pero no desmantelarlo para sustituirlo por un operativo exclusivamente público que no garantiza en absoluto una mayor eficiencia ni una mejor calidad del servicio», en referencia a la propuesta de la Junta para que todos los contratos que hasta ahora mantiene con empresas privadas sean asumidos por la empresa pública Tragsa.
Sin consensuar
Sobre las nuevas obligaciones y responsabilidades que incluyen los decretos par los propietarios forestales, la asociación acusa a la Junta de no haber contado con su opinión y de no ofrecer ningún tipo de contraprestación, lo que «genera incertidumbre y desprotección en un sector clave para la prevención de incendios».
Por último, esta asociación empresarial ha reprochado a la Junta que no haya incorporado a los decretos una «evaluación del impacto económico de las medidas que se pretenden aplicar», ya que consideran que el incremento anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «no es suficiente».
«El presupuesto necesario para implementarlas afecta directamente a las contribuciones de todos los ciudadanos de Castilla y León, por lo que la falta de transparencia y planificación resulta inaceptable», han zanjado antes de pedir a los grupos parlamentarios que no convaliden los decretos en las Cortes. EFE
