Valladolid (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula la ordenanza del Ayuntamiento de Valladolid que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en vigor desde el 1 de julio de 2025, por un defecto de forma consistente en la ausencia de un proyecto previo válido.
La ordenanza de la ZBE en Valladolid, aprobada en octubre de 2024, no dispone de un proyecto alusivo dentro del Plan de Movilidad contenido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOE), lo que ha aprovechado la Asociación Liberum para instar a la paralización de la ordenanza como ha logrado en otras ciudades: Segovia y Badajoz.
El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez (PP), ha anunciado la interposición de un recurso de casación que ya estudian los servicios jurídicos, que las sanciones impuestas hasta la fecha por infracciones contra la ZBE serán firmes y que el próximo pleno estudiará el modelo a seguir.
El TSJ argumenta en su sentencia que la normativa base aplicable es el Real Decreto de 2022, el cual exige la elaboración de un proyecto previo para la puesta en marcha de la ZBE, y no el plan municipal anterior, de 2021, previo a la norma estatal que impone este modelo a las ciudades con mas de 50.000 habitantes.
VOX contradice al PP
La concejala de Cultura, Irene Carvajal (Vox), miembro del equipo de gobierno que encabeza como alcalde Jesús Julio Carnero (PP), ha opinado en sentido contrario al edil de Movilidad al proponer la suspensión del régimen sancionador «de forma provisional, por prudencia jurídica, para no incurrir en responsabilidad patrimonial.
La sustanciación del este proceso judicial, en caso de agotar todas las instancias hasta llegar al Tribunal Supremo «podría durar años», por lo que las multas recaudadas podrían suponer millones de euros.
Al margen de lo que suceda, Carvajal ha recordado que Valladolid «no es Madrid ni Barcelona», que el 66 por ciento de las emisiones contaminantes en la capital vallisoletana no proceden del tráfico sino de la industria y de las calefacciones comunitarias, y ha planteado una ZBE «sin régimen sancionador» y con restricciones únicamente cuando se den «picos elevados de calor» como en agosto.
El PSOE acusa de negligencia
Tras conocerse la sentencia, el grupo Socialista ha denunciado en un comunicado la «gravísima negligencia con la que el equipo de gobierno del PP y Vox ha gestionado la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid», con un fallo judicial que ahora pone «en cuestión la cobertura legal» aplicada en esa zona y crea incertidumbre en cuanto a los miles de expedientes y sanciones aplicadas.
El PSOE, que ha pedido explicaciones al equipo de gobierno municipal, sostiene que el TSJ confirma sus advertencias de que «el Ayuntamiento ha actuado sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública».
«Lejos de diseñar una Zona de Bajas Emisiones eficaz, ambiciosa y alineada con los objetivos de sostenibilidad y salud ambiental que exigen las ciudades del siglo XXI, PP y Vox optaron por reducirla a la mínima expresión, vaciándola de contenido y desnaturalizando su finalidad», han denunciado.
Para el PSOE, el fallo judicial «sitúa al Ayuntamiento ante una crisis política y administrativa de enorme envergadura, ya que queda en cuestión la cobertura legal con la que se ha venido aplicando la ZBE, se abre un escenario de enorme incertidumbre sobre miles de expedientes y sanciones tramitadas, y se proyecta sobre Valladolid una imagen de improvisación institucional».
El Grupo Socialista, por todo ello, ha exigido al equipo de gobierno que dé explicaciones inmediatas y asuma su responsabilidad política por una gestión chapucera que ha puesto en riesgo la credibilidad institucional del Ayuntamiento, genera desconcierto entre la ciudadanía y aumenta los riesgos para su salud.
En riesgo fondos europeos
El equipo de gobierno (PP-Vox) «tiene que arreglar esta situación y hacerlo de forma inminente porque hay muchos fondos europeos en el alero» si no se cumple con el mandar comunitario de la ZBE, ha advertido por su parte la portavoz del grupo municipal VTLP (Valladolid Toma La Palabra), Rocío Anguita.
«Si no tenemos ZBE vamos a tener que devolver muchos fondos europeos», ha añadido a través de un registro de voz difundido a los medios de información.
En cualquier caso, ha concluido, el equipo de gobierno «tiene que mandar mensajes claros de que va a seguir protegiendo la salud de las personas, que para eso es lo que se han creado las ZBE».
