Madrid/Valladolid (EFE).- En Castilla y León se han recibido 39.981 solicitudes para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno, el 3,4 por ciento de total de España, que ha registrado 1.174.978 peticiones, y el octavo mayor dato del conjunto autonómico.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante el proceso se asignaron a Castilla y León 18.646 citas, el 2,9 % de las 641.386 del conjunto del país.
Valladolid a la cabeza autonómica con 8.337 peticiones
Por provincias, han sido 8.337 en Valladolid, 7.774 en Burgos, con 5.830 en León, 5.041 en Salamanca, 3.690 en Segovia, 3.215 en Ávila, 2.075 en Palencia, 2.089 en Soria y 1,950 en Zamora.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha precisado que las solicitudes cubren todas las provincias, pero no quiere decir que luego todas sean aceptadas.
En un acto en Cubillos del Sil, en León, y tras conocerse los datos sobre el proceso que ha detallado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sen ha incidido en que se trata de «personas de otros países que viven en nuestro país desde hace tiempo, en muchos casos se encuentran trabajando en economías sumergidas».
Sen recuerda el consenso sobre el proceso
Es una situación, que según Sen, ningún país «democrático puede tolerar», y ha recordado que el proceso de regularización extraordinaria ha contado con un consenso prácticamente total por parte de la sociedad, con una iniciativa legislativa popular, el consenso de los sectores empresariales, de los sindicatos, de la sociedad en general incluso de la Iglesia católica.
El Delegado del Gobierno en la comunidad ha recordado que ahora se regularizará a las personas que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos «para que puedan vivir en nuestro país y puedan trabajar con sus derechos y por supuesto con sus obligaciones».
Y a lo largo de las próximas semanas se irán resolviendo estas solicitudes y se conoceran los datos reales de cuáles son aquellas personas que han visto aceptada su solicitud, ha concluido.
Carriedo, partidario de una inmigración ordenada
Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado positivo que haya una inmigración ordenada que vaya a esa comunidad a trabajar y contribuir con sus impuestos y cotizaciones a hacer «más grande» esa comunidad, aunque a su juicio se podía haber hecho de otra forma por parte del Gobierno ya que además puede haber mafias de personas que se beneficien de ese proceso.
En España, más de 608.000 de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar.
Las cifras facilitadas a EFE por el Gobierno indican que el 67 % de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur.
Colombia es el país de origen con más solicitudes al concentrar el 26 % de las mismas, seguido de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11,7 %) y Perú (8,8 %).
Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía a la cabeza
Las comunidades autónomas donde se ha registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000, seguida de Madrid (202.000), Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).
Le han seguido Castilla-La Mancha con 52.041 solicitudes, País Vasco con 49.451, Murcia, con 45.242 y Castilla y León con esas casi 40.000.
En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que la medida extraordinaria va a permitir que «cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza».
«Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos», ha celebrado la ministra.
El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta el pasado martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este periodo por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas.
La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario.
Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales. EFE
