Martí Puig i Leonardi |
Barcelona (EFE).- Los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este jueves tras la inédita retirada del primer proyecto presentado en febrero, son los primeros de la legislatura y posiblemente sean los únicos del mandato, dadas las citas electorales -generales y municipales- previstas en 2027.
El ejecutivo de Salvador Illa se asegura un marco de estabilidad hasta 2028 y pretende que la legislatura entre ahora en una nueva fase, centrada en acelerar el despliegue de sus principales políticas.
Aprobadas con el segundo semestre ya en marcha, las primeras cuentas de la Generalitat desde 2023 han salido adelante con los votos de la mayoría de la investidura conformada por los 68 diputados de PSC, ERC y Comuns.
Estas son sus cinco claves principales:
1. Un 22,8 % más de gasto, hasta los 49.162 millones
El presupuesto para 2026 incrementa el gasto en un 22,8 % respecto al último aprobado, de 2023, hasta los 49.162 millones.
Los recursos gestionados por la Generalitat se han prácticamente duplicado en la última década (de 27.000 a 50.000 millones): los 14.091 millones asignados a políticas de sanidad son un 81 % más que en 2016; los 8.391 de educación, casi un 90 % más; y los 4.251 millones para derechos sociales se han multiplicado por dos.
2. Los primeros de la legislatura
Illa dispone de sus primeras cuentas tras casi dos años al frente de la Generalitat, después de que renunciara a presentar los presupuestos de 2024 y 2025 y decidiera retirar, dado el rechazo de ERC a negociar, un primer proyecto aprobado por el Govern el pasado febrero.
Los presupuestos de 2026 salen adelante con el voto de la mayoría que posibilitó la investidura. Los mismos tres grupos ya pactaron en 2023 las cuentas hasta ahora en vigor -elaboradas por el Govern de ERC de Pere Aragonès-, mientras que su desacuerdo sobre las de 2024 por el proyecto del Hard Rock en Salou y Vila-seca (Tarragona) -que hoy sigue en el cajón- precipitó el final de la anterior legislatura.
3. Los pactos extrapresupuestarios
Los socialistas han atado el ‘sí’ de sus socios con pactos que van más allá del presupuesto. En el caso de ERC, destaca el compromiso para impulsar la Línea Orbital Ferroviaria, la constitución de una Sociedad Mercantil de Inversiones, la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña y la participación de la Generalitat (40 %) y el Ayuntamiento de Barcelona (15 %) en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Comuns arrancó en febrero el aval del PSC a su propuesta contra las «compras especulativas» de vivienda -todavía en trámite parlamentario- y que las bonificaciones del 50 % en los abonos de transporte T-Usual y T-Jove se mantengan toda la legislatura; en un acuerdo «complementario» firmado en mayo, consensuó crear una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley de vivienda.
4. PSC y ERC bordearon el abismo
Si el presupuesto no se ha aprobado hasta julio es porque todo se torció en febrero: ERC insistió entonces en reclamar «garantías» sobre la delegación a la Generalitat de la gestión y recaudación del IRPF antes de negociar las cuentas, lo que llevó a Illa a presentar un primer proyecto sin el aval de los republicanos.
La crisis entre socialistas y republicanos se resolvió en marzo: los primeros retiraron su proyecto de cuentas y los segundos renunciaron a situar el IRPF como línea roja. Además, acordaron un suplemento de crédito de 6.000 millones.
5. Un primer semestre cuesta arriba
El Govern ha vivido una primera mitad de año complicada, en la que se han sucedido la grave crisis en el servicio de Rodalies y movilizaciones de sectores como el agrícola, el sanitario y, sobre todo, los profesores, que mantienen un conflicto con el Departamento de Educación todavía por resolver.
Pese a lo anterior, que se suma al mes en el que Illa se ausentó por baja médica, ERC y Comuns optaron por hacer oídos sordos al resto de la oposición y separaron la carpeta de los presupuestos del resto de cuestiones.
