Valladolid, 27 (EFE).- Agricultores de todas las provincias de Castilla y León han protestado este jueves a las puertas de la sede de Presidencia del Gobierno autonómico para exigir ayudas «urgentes» y medidas «serias» para el sector cerealista, que vive un momento crítico, han asegurado, con una caída de la cosecha del 40 % este verano, mientras siguen subiendo los costes de producción.
La movilización, la cuarta que convocan este año las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y UPA-COAG, ha reclamado a la Junta de Castilla y León la misma sensibilidad que el Gobierno central, y que aporte otros 150 millones de euros en ayudas directas, para un sector que acumula campañas de pérdidas.
“Trabajando, nos arruinamos”, ha resumido Donaciano Dujo, presidente de Asaja de Castilla y León, en una nota de prensa en la que han explicado que calculan que los cerealistas, tanto de secano y como de regadío, soportarán esta campaña 300 millones de pérdidas.
“El Gobierno nacional ha aportado 150 millones, ha sido sensible aunque de forma insuficiente, y ahora le toca a la Junta de Castilla y León aprobar una cantidad similar», ha demandado, para recordar que el presidente Alfonso Fernández Mañueco afirmó en su investidura que apoyaría sin fisuras al campo.
Sementera complicada
Los agricultores de Castilla y León afrontan una sementera complicada, han insistido, pues la cosecha del cereal se ah quedado en 4,9 millones de toneladas, un 40 % menos que en 2025, con un valor de 980 millones de euros, pero los costes de producción han ascendido a 1.300 millones.
“Cuando pedimos ayudas, no solo son ayudas para nosotros, es que si los agricultores nos paramos se parará también buena parte de la economía regional, toda la red de empresas, suministros, cooperativas, servicios que depende de la actividad del campo», ha insistido Dujo.
Las organizaciones agrarias han asegurado que las ayudas directas son imprescindibles para salir del bache actual, pero no resuelven el problema de base: el cereal tiene que ser productivo y viable por sí mismo.
De ahí que la reclamación se extienda a todas las administraciones -autonómica, nacional y europea- para que se diseñe un plan concreto y urgente que «despeje el futuro del cereal”, pues la situación es «muy grave» y están en riesgo numerosas explotaciones de Castilla y León, y de España.
«Hay un peligro real de reducción de la superficie cultivada, que ya se aprecia en las estadísticas y que puede agudizarse rápidamente», reiteran, al tiempo que aseguran que si no hay una respuesta rápida y clara de las administraciones, «seguirán en la calle». EFE
