Patricia Carro | Burgos (EFE).- Rosa, Marga, Carmen, Antonio y Mª Ángeles le ponen rostro y voz a la angustia con la que conviven un centenar de vecinos en Burgos desde que, en pleno verano, comenzaron a llegar las cartas en las que se les comunicaba que no habría renovación de los alquileres, una amenaza de desahucio tras décadas viviendo en pisos ‘sociales’, que han reformado de arriba a abajo con su propio dinero.
«Ahora nos mandan a la calle, y con una pensión pírrica», lamenta Marga Lechosa, que recuerda que la inmensa mayoría de los afectados son personas mayores, algunas rondan e incluso superan los cien años, y otras vulnerables, que no tienen alternativa habitacional, ni recursos para afrontar un desahucio.
Carmen Pérez matiza: «No solo se trata de ser vecinos vulnerables, es que tenemos un derecho que no queremos perder», y recuerda que los pisos los levantó una constructora benéfica como viviendas de alquiler social, pero ahora se han convertido en un activo para especular, y los inquilinos molestan.
Contratos que empiezan a caducar este otoño
«Estamos muy preocupados», admite Rosa Alonso, aunque con esperanza de poder evitar el desahucio. Hay un contrato que caducó en junio, pero los inquilinos siguen viviendo en su piso, y otros dos que finalizan en noviembre y diciembre, entre ellos, el de Casilda, una mujer de 83 años que «no duerme por las noches» de la angustia.
El resto, irán cumpliendo en 2027, como el de Antonio Bañuelos y su mujer Mª Ángeles Pernía. Y otros lo harán en 2028 y 2029, «más allá de esas fechas no hay». Así hasta los 106 afectados, residentes en 24 bloques de viviendas de una manzana entre las calles Calzadas, Segovia y avenida de Cantabria.
De las cocinas de carbón a pagar la acometida del gas
Marga recuerda que los pisos se levantaron en 1954 por parte de la constructora benéfica de la por aquel entonces caja de ahorros municipal, que luego derivó en Caja de Burgos; con la reconversión financiera, la caja se integró en Banca Cívica y acabó en CaixaBank, que se quedó con todos sus activos.
En 2016, los vecinos ya sufrieron un amago de desahucio que quedó en un «error informático», explica Carmen, pero el susto sirvió para que muchos de los 339 inquilinos -entre viviendas, locales y trasteros- compraran la propiedad: ahora solo quedan un centenar con contrato de alquiler, y quieren seguir así.
Insisten en que no solo llevan décadas viviendo en sus pisos, 72 años en el caso de Antonio y tiene 75, sino que también han invertido miles de euros en reformar sus viviendas «porque la propiedad declinó hacerse cargo», denuncia Carmen, y solo ha invertido CaixaBank, que «hizo un lavado de cara».
Cuando entraron en sus viviendas tenían cocinas de carbón, recuerda Marga, y muchos vecinos han reformado cocinas, baños, cambiado ventanas y puertas. Hasta tuvieron que cambiar la instalación eléctrica y meter el gas natural, porque en los años ’80 les dijeron que «si lo querían tenían que pagarlo ellos».
«Hemos pagado cuatro veces nuestra vivienda», asegura Antonio, y ahora «tienen que ser millonarios» si quieren comprarla, porque la nueva propiedad les pide más de 200.000 euros, sin tener en cuenta todo el dinero que ellos han invertido en unas viviendas que, de lo contrario, «seguirían en la Edad Media».
Sin alternativa y en búsqueda de asesoramiento legal
El cambio en la propiedad de los inmuebles les ha pillado de sorpresa. En mayo recibieron una carta en la que les comunicaba el cambio de titularidad, y un mes más tarde comenzaron a llegar los burofax en los que se indicaba que los contratos no se renovarían, y que tenían que dejar sus viviendas.
Consiguieron hablar por videoconferencia con los responsables de la empresa, que propusieron negociar caso a caso, pero desde julio no han vuelto a saber nada de ellos. Sí saben que sus pisos están anunciados en portales inmobiliarios, a precios imposibles para pensiones de 800 a 1000 euros.
Rosa, Marga, Carmen, Antonio y Mª Ángeles defienden su opción por la fórmula del alquiler, «no todo el mundo tiene por qué comprarse una vivienda», y además hay inquilinos para los que ha sido «imposible», con sueldos y pensiones «mínimos», lamenta Mª Ángeles. Y ahora más, que nadie les da un préstamo.
Por ese motivo, los vecinos están buscando asesoramiento legal y, con el apoyo del Sindicado de Vivienda, están dispuestos a llegar hasta el final para evitar los desahucios. EFE
