Valladolid (EFE).- La pobreza empeora en Castilla y León, con 32.000 personas más que viven por debajo del umbral de pobreza en el último año, el 2025, y son ya 475.000, el 19,8% de la población y un 1,3% más que en 2024, con un dato preocupante: el 53,3% de quienes tienen un alquiler libre en la comunidad está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Son datos del XVI Informe «El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León» elaborado por la Red Europea de Lucha contra Pobreza y Exclusión Social y presentado este jueves en Valladolid, que deja además que casi una de cada cuatro personas de la comunidad, el 24,1 por ciento, y 578.000 castellanoleoneses, están en riesgo de pobreza o exclusión, un dato que se ha mantenido estable respecto al 2024.
Evolución de la pobreza preocupante
Aunque Castilla y León tiene mejores indicadores que la media autonómica, «algunos resultados tienen una evolución que debe preocupar», ha advertido el presidente de EAPN en la Comunidad, Óscar Castro, como los referidos datos sobre la vivienda o la infancia, que dejan en este caso que casi uno de cada tres menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión, y el 19,7% vive en pobreza severa, frente al dato autonómico de 9,8% o el 8 por ciento nacional.
El informe que han detallado el coordinador de la red en la comunidad, Jonathan Sánchez, y la técnica Cristina Sánchez, recoge que Castilla y León tiene la séptima tasa más alta de pobreza y exclusión, la conocida como tasa AROPE, del conjunto autonómico, 1,6 puntos por debajo del 25,7 estatal; aunque los tres componentes -tasa de pobreza, carencia material severa y pobreza severa- empeoran.
Que una persona esté por debajo del umbral de la pobreza indica que sus ingresos son de 12.220 euros al año, 8.147 en el caso de la pobreza severa.
Menor, mujer, rural y con discapacidad: el rostro de la pobreza en CyL
Los datos reflejan que en Castilla y León el rostro de la pobreza y exclusión social es del castellanoleonés menor de 18 años (AROPE del 30,9%), mujer (24,7%), con discapacidad (33,8%) y que vive en zonas rurales (26,6).
Los datos que alertan, según el informe, son además que el 53,3 por ciento de quienes viven en alquiler de mercado están en riesgo y exclusión social, el 48,7 forman parte de los que están en riesgo de pobreza; un 57,7 de los parados están en AROPE y en pobreza el 25,9 por ciento de los hogares con niños, niñas y jóvenes.
La vivienda: un factor de vulnerabilidad y pobreza
El presidente de EAPN en la comunidad ha incidido en ese indicador de la vivienda, que «no debe ser un privilegio o negocio» y que es actualmente uno de los «principales factores de vulnerabilidad» en la comunidad, cuando debe ser «una herramienta para combatirla».
Ha explicado que en el caso de la vivienda, son personas que en muchos casos trabajan, tienen ingresos, pero «encuentran enormes dificultades para hacer frente al coste de la vivienda».
El informe recoge, además de los anteriores datos, que un 32,7 por ciento de los que están en situación de pobreza en la comunidad destina más del 40 por ciento de su renta a la vivienda.
161.000 personas en pobreza material y social severa
Además, los datos indican que la carencia material y social severa afecta unas 161.000 personas en la comunidad, el 6,7 por ciento, casi el doble que el 3,7 del 2015; y la baja intensidad en el empleo en el hogar crece 2,5 puntos, hasta el 9,5, la sexta tasa autonómica más alta.
Y también recoge una «mejora muy limitada del poder adquisitivo», ya que descontada la inflación la renta media por persona apenas ha crecido 815 euros desde el 2008.
El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, entidad que ha acogido la presentación del informe, ha incidido en «no puede haber nadie fuera del sistema» y que la pobreza y exclusión es «uno de los principales fracasos del sistema de bienestar y de derecho», con cifras que «no deberían existir».
Una estrategia y reformas del IMV y Renta garantizada
Cabero ha demandado una estrategia pública de erradicación de la pobreza en la comunidad, ya que no es algo que «desaparezca automáticamente», que articulen los poderes públicos con el diálogo social y el tercer sector.
Castro ha reflexionado, en esa línea, sobre que el objetivo «no debe ser gestionar la pobreza, sino reducirla», y ha advertido que la comunidad «no puede estar mejor que otras cuando cientos de miles de personas siguen con dificultades para acceder a unas condiciones de vida dignas».
Y ha demandado como medidas una reforma del IMV y de la renta garantizada, más simplificados y complementarios; servicios sociales más accesibles, próximos y coordinados o una fiscalidad más justa; la vivienda como un primer derecho habilitante, con más parque público de alquiler social, alerta temprana frente a los desahucios o una estrategia contra el sinhogarismo.
Sin las políticas públicas: la pobreza estaría en el 45,6%
También plantea la EAPN en la comunidad una estrategia autonómica de inserción laboral, refuerzo de la atención sanitaria primaria rural y la salud mental; una mirada específica a las personas más vulnerables o una Mesa de Diálogo Civil, o financiación estable para el tercer sector.
Ambos han incidido en el papel de las administraciones y medidas sociales de apoyo a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social: sin esas transferencias y políticas públicas el riesgo de pobreza llegará al 45,6 de la población de la comunidad. EFE
