Valladolid/Salamanca (EFE).- El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó, está citado a comparecer, como representante legal del PP, por el Juzgado número 5 de Salamanca para aclarar las razones por las que su partido no ha convocado en casi dos años el congreso provincial.
Se trata de una demanda de un grupo de afiliados -alcaldes y concejales-, que solicitan como medida cautelar que sea convocado antes de las elecciones municipales.
La demanda se fundamenta en que ven vulnerados sus derechos fundamentales, en concreto el de participación política y sufragio pasivo, según la información adelantada este viernes por la Cadena Ser, sobre la resolución del juzgado a la que ha tenido acceso EFE.
El abogado que les representa, Enrique Herrera, ha detallado que esta demanda fue presentada dos días después de que otro juzgado de Salamanca archivara la denuncia formulada por este mismo grupo de afiliados, pero que únicamente llevaba la firma de una persona, quien cambió de abogado y llegó a un acuerdo con el PP para retirar la demanda a principios de diciembre.
De este modo, a través de este nuevo procedimiento, Feijoó está citado para comparecer el próximo 20 de enero a mediodía en los juzgados de Salamanca, donde por otra parte sigue su curso la causa por supuesta financiación irregular en la que figuran como investigados -antes imputados- el ya expresidente provincial, Javier Iglesias, la gerente provincial y el propio PP como persona jurídica, por el pago de cuotas atrasadas de afiliados para que participaran en las primarias que convirtieron a Alfonso Fernández Mañueco en presidente del PP-CyL.
En la demanda, los afiliados que piden la convocatoria del congreso provincial, afirman que es “flagrante el incumplimiento” del PP de sus propios estatutos, a la vez que relatan la falta de respuesta dada por el partido en su ámbito provincial, autonómico y nacional, a cuyos Comités de Derechos y Garantías recurrieron sin éxito.
Renuncia de Iglesias
Desde hace meses, Salamanca es la única provincia de España en la que el PP tenía pendiente convocar su congreso provincial y hace sólo unas semanas fue cuando el presidente provincial, Javier Iglesias, renunció a su cargo orgánico pero mantuvo el de presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, mientras que el partido nombró a una gestora con la intención de elaborar las listas municipales y dirigir la formación hasta la celebración posterior de un congreso.
Es esto lo que pretenden evitar este grupo de alcaldes, concejales y diputados provinciales del PP en municipios como Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, Calvarrasa de Abajo, Calzada de Valdunciel, Villoria, Macotera, Carrascal de Barregas, La Zarza de Pumareda, Sequeros y Valdelosa, entre otros, que entienden que ese proceso de designación debe de ser asumido por una nueva dirección elegida en el congreso.
En la resolución, la juez establece crear una pieza separada sobre la demanda de medidas cautelares sobre la celebración del congreso antes de las elecciones, y además da un plazo de cinco días desde la notificación -23 de diciembre- para que el PP pudiera interponer un recurso de reposición ante el mismo juzgado.EFE
