Valladolid (EFE).- Toda la población castellanoleonesa ha respirado aire contaminado por ozono en 2023, en un “nuevo verano tórrido”, según el informe anual sobre esa sustancia elaborado por Ecologistas en Acción y presentado este miércoles, que señala a Castilla y León como una de las cuatro comunidades a las que la justicia ha obligado a aprobar sus planes de calidad del aire.
El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, entre ellas 30 situadas en Castilla y León. El tercer verano más cálido desde 1961
Y constata que los frecuentes episodios de calor de la primavera y el verano de 2023, en el tercer verano más cálido desde 1961 con cuatro olas de calor en julio y agosto, han elevado los niveles de ozono, afectando a la totalidad de Castilla y León, según un comunicado del grupo ecologista.
En ese sentido, ha incidido en que tres sentencias evidencian que los Gobiernos de Castilla y León y de España siguen careciendo de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles del contaminante más ligado al cambio climático. El nivel más alto en valle del Tiétar y Alberche, con 31.000 vecinos
El informe recoge que en 2023 “no se ha identificado población expuesta a niveles superiores al obsoleto objetivo legal vigente para la protección de la salud, más laxo que la recomendación de la OMS”.
La única zona donde en el trienio 2021-2023 se habría superado el nuevo objetivo legal propuesto para 2030 por la Comisión Europea, el Valle del Tiétar y Alberche, suma 31.000 habitantes, el 1,3 % de la población.
Además, la frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 10 % y el 54 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto de Castilla y León. Empeoramiento en Burgos, Valladolid, Bierzo, y valles del Tiétar y Alberche
Pero, el empeoramiento de la situación ha sido en especial significativo en las aglomeraciones de Burgos y Valladolid, en El Bierzo y en el Valle del Tiétar y Alberche.
Problema sanitario de primer nivel
Ecologistas en Acción ha defendido que esa contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año en torno a “2.500 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias”. 270 muertes por altas temperaturas este verano en CyL según el Carlos III
Durante el verano de 2023, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Castilla y León 270 muertes por las altas temperaturas.
El informe incide además en que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.
En concreto se refiere a que las estaciones del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono, según el CSIC, lo que restringe su representatividad, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado su reubicación parcial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La justicia constata la falta de actuación administrativa
En esa línea, ha recordado que buena prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las administraciones son las sentencias del Tribunal Supremo (2020) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y Comunitat Valenciana (2023) condenando a sus gobiernos a aprobar a la mayor brevedad planes de calidad del aire para reducir el ozono, por el incumplimiento desde 2010 de los objetivos legales.
Ecologistas en Acción ha calificado de inaceptable que un año más la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España sigan careciendo de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles de ozono.
Y ha recordado, que en una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha otorgado un plazo de seis meses para que la Junta elabore un plan acorde con la normativa vigente. Sin rastro de las zonas de bajas emisiones
Además, transcurridos nueve meses desde el fin del plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, ninguna ciudad castellanoleonesa ha cumplido formalmente esta obligación legal, pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación.
Ecologistas en Acción pide a las autoridades locales que prioricen la salud de sus vecinos.
