Madrid (EFE).- El Gobierno da por buenas las explicaciones de la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, que ha asegurado que no hay ningún nuevo protocolo sobre el tratamiento de las mujeres que desean abortar, aclaraciones que, a su juicio, suponen una “rectificación oficial”, aunque advierte de que seguirá vigilante y se reserva posibles acciones judiciales.
En un comunicado, el Ejecutivo explica que en la tarde de este jueves recibió un escrito del Gobierno de la Junta en el que aclara que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno” en relación a las medidas anunciadas por Vox y que tampoco se ha transmitido ninguna instrucción a los profesionales sanitarios “ni por escrito ni verbalmente”.
A juicio del Gobierno, este escrito supone un “acatamiento formal” ante los requerimientos efectuados por el Ejecutivo y es “una rectificación oficial” de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado por su vicepresidente, Juan García Gallardo, de Vox, en rueda de prensa el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores.
No obstante, añade el Ejecutivo, también ayer jueves, el portavoz del ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a las embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero —ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante.
Fernández Carriedo reconoció que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero “sigue vigente”.
Es decir, subraya el Gobierno, Castilla y León “mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida”.
El Gobierno reitera su preocupación
Por ello, reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, de nuevo, apuntan “a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir”.
En consecuencia, el Gobierno, a través del Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará de nuevo que esas medidas resultarían contrarias a la legalidad vigente y al orden constitucional de distribución de competencias.
Asimismo, se trasladará al ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, el gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, “en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres”.
“A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas”, concluye.
Al hilo de este asunto, fuentes del Ejecutivo han apuntado que mantiene su “preocupación” porque tras las intenciones expresadas ayer por el consejero Carriedo “nos tememos que el PP sigue buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox”.
Eso sí, también destacan que gracias a su gestión de esta crisis ha logrado frenar los intentos de Castilla y León de “imponer medidas que recortan los derechos de las mujeres” y en contra de la ley de 2010, y han aseverado que al final “triunfa” la defensa que el Gobierno ha hecho de sus derechos. EFE
