Barcelona (EFE).- Tras el visto para sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) analiza las pruebas del juicio contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs: los correos y expedientes intervenidos y las declaraciones de los acusados y los testigos pueden ser claves para decantar el fallo.
En las próximas semanas el alto tribunal catalán dictará la sentencia de la que pende el futuro político de Laura Borràs (JxCat), para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para adjudicárselos a un amigo entre 2013 y 2017, cuando dirigió la entidad pública.
Una sentencia de la que es ponente el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, quien junto a los jueces Fernando Lacaba y María Jesús Manzano deberá dilucidar si Borràs cometió delitos de prevaricación y falsedad documental cuando adjudicó a Isaías H. 18 contratos menores para desarrollar la web de la ILC.
Estas son las principales claves del juicio:
1.- ¿HUBO UN FRACCIONAMIENTO ILEGAL DE CONTRATOS?
La Fiscalía cree que Borràs dividió la creación y mantenimiento posterior de la web de la ILC en 18 trabajos presupuestados en 18.000 euros, para burlar así la obligación legal de convocar un concurso público, pese a que todos ellos respondían a un proyecto único.
Con el fin de enmascarar las adjudicaciones a dedo, aduce, Borràs e Isaías H. presentaron presupuestos “comparsa” a nombres de otras sociedades o cooperativas y de su conocido y también acusado Andreu P., quien supuestamente se prestó a facturar trabajos de la web a sabiendas de las irregularidades.
De esa tesis discrepa la defensa de Borràs, que argumenta que los 18 contratos menores se correspondían a encargos diferenciados elaborados en años distintos, por lo que no podían englobarse en un proyecto único, y que todos los trabajos se acabaron realizando y a precios “muy competitivos”.
2.- LOS PACTOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS CONTRATOS
La sala deberá decidir también qué valor otorga a las declaraciones de Isaías H. y Andreu P., quienes han pactado con la Fiscalía una petición de pena inferior a dos años -que podría evitar su ingreso en prisión- a cambio de delatar a Borràs.
La filtración de esas negociaciones entre los dos coacusados y el ministerio público, en vísperas del juicio, encendió a la defensa de Borràs: ya desde la primera sesión de la vista oral se lanzó al ataque contra Isaías H. y Andreu P., a los que reprochó que se hubieran convertido en partes acusadoras “pagadas”.
La jurisprudencia, no obstante, establece que el valor de un coacusado que opte por confesar para beneficiarse de una rebaja de condena es relativo y su credibilidad depende del resto de pruebas del caso.
3.- LOS ADMINISTRADORES DE LA ILC, FRENTE A BORRÀS
Los beneficiarios de los contratos no han sido los únicos que han concitado los ataques de la defensa de Borràs. También Assumpta P. y Roger E., funcionarios que ejercieron de administradores de la ILC y quienes declararon que la dirigente de Junts ignoró sus advertencias sobre posibles irregularidades en la contratación.
De hecho, Roger E., inicialmente investigado en el caso, se libró de ser juzgado tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que entregó al juez instructor un informe de la Intervención General y audios que podían ser comprometedores para la defensa de Borràs.
La dirigente de Junts se revolvió contra ambos testimonios en su declaración en el juicio: se escudó en que, por su falta de experiencia en la administración pública, siguió las indicaciones de esos dos funcionarios al optar por la contratación menor para adjudicar la creación de la web de la ILC.
4.- LAS ADVERTENCIAS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Ningún funcionario de la Intervención General ha declarado en el juicio, pero el órgano de control financiero de la Generalitat ha sobrevolado casi todas las sesiones de la vista.
La Fiscalía esgrime los informes de Intervención General que advirtieron a Borràs del abuso de contratación menor de la ILC, lo que reveló en su declaración Assumpta P., quien refirió además una reunión en la que dos técnicas de ese órgano de control avisaron a la directora de que podía estar infringiendo la ley.
La presidenta suspendida del Parlament, por el contrario, no solo mantiene que contaba con el aval de la Intervención General para la contratación de la web de la ILC, sino que insiste en que nunca podría haber actuado a espaldas del órgano de control e insinúa una posible “dejadez de funciones” por su parte.
5.- LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS INFORMÁTICAS
Al margen del fondo del caso, el TSJC deberá decidir sobre la validez de las pruebas informáticas intervenidas por los Mossos d’Esquadra en el registro del domicilio de Isaías H., en una causa por tráfico de drogas por la que acabó condenado y que precipitó la investigación a Borràs.
Entre ese material informático se encuentran los correos electrónicos que Isaías H. intercambió con la dirigente de Junts, uno de los principales indicios en su contra junto a las conversaciones telefónicas intervenidas en las que el amigo de Borràs se jactaba de tener unos “trapis” con ella.
Para sembrar dudas sobre la custodia de los discos duros incautados, Borràs encargó un informe pericial a Luis Enrique Hellín, un exmiembro de Fuerza Nueva condenado por asesinato que en el juicio confrontó sus conclusiones con las de los peritos de la Guardia Civil.
El objeto de la discusión giraba en torno a la llamada función “hash” de los discos duros, algoritmo matemático que transforma un bloque de datos en un código y que se ha convertido en cuestión central de las periciales y los interrogatorios a los mossos que participaron en el registro.
La defensa se aferra a que el código “hash” del original y la copia de los discos duros es distinta, lo que apunta a que el contenido pudo ser alterado, pero la Guardia Civil atribuye esa variación a cualquier daño causado en el dispositivo por un mero golpe o hasta un exceso de humedad.
6.- ¿Y QUÉ PASÓ CON LA WEB DE LA ILC?
La caída del portal de la ILC que confeccionó Isaías H. -y que Borràs presume marcó un “antes y un después” en la entidad- ha desatado un cruce de reproches entre la Fiscalía y la defensa, pero lo cierto es que el juicio no ha permitido aclarar qué sucedió con la web, en la que se gastaron 335.700 euros de dinero público.
La fiscal Teresa Duerto apuntó en sus informes finales que la web desapareció con la caída de Isaías H., quien, acuciado por sus problemas económicos y su adicción a las drogas, dejó de pagar los servidores que sustentaban el portal cuando solo él -“un particular”, recalcó el ministerio público- tenía las pruebas.
Nada más lejos de la tesis de la defensa, que ha pedido reiteradamente explicaciones a los Mossos por la inutilización de la web, una cuestión sobre la que la propia Borràs sembró sospechas en su último turno de palabra: “¿Por qué se hizo desaparecer el portal y todo el trabajo de la institución? ¿A quién interesaba y a quién perjudicaba?”.
7.- ¿PERSECUCIÓN POLÍTICA?
Es uno de los “interrogantes sin respuesta” que apuntó Borràs en su última intervención, en la que aprovechó para denunciar que son sus convicciones independentistas las que la han llevado al banquillo, al tiempo que repartía reproches contra los administradores públicos que la han condenado de antemano.
Y es que esa ha sido una estrategia crucial para su defensa, que a lo largo del proceso ha tratado de probar que se han vulnerado los derechos fundamentales de Borràs y que no hay imparcialidad en el tribunal que la juzga. “Nada más lejos de la realidad”, así despachó la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto esas acusaciones.
