Rossi García Ávila |
Barcelona (EFE).- Once años después de la confesión, el caso de la fortuna de los Pujol en Andorra llega a juicio con la incógnita de si el expresident, de 95 años, sorteará el banquillo por su maltrecha salud, tras una compleja investigación que ha acompasado su ocaso personal y político, en pleno procés.
La Audiencia Nacional ha citado para el próximo lunes a Jordi Pujol, hospitalizado esta semana por una neumonía, para examinarlo por videoconferencia antes del inicio del juicio y calibrar si está en condiciones de afrontarlo o si, como sostienen los forenses, su deterioro cognitivo le impide defenderse.
Si acaba exculpado por demencia -como lo fuera su esposa Marta Ferrusola en 2021, tres años antes de morir-, Pujol vería cerrada de un abrupto carpetazo la causa que ha acabado ensombreciendo el legado de sus 23 años al frente de la Generalitat (1980-2003), un horizonte que tal vez no vislumbraba cuando decidió hacer público el capital familiar oculto en Andorra.
Una confesión consensuada en familia
La carta de confesión de Pujol desencadenó una larga investigación que, tras innumerables comisiones rogatorias, registros domiciliarios e informes policiales y tributarios, dio sustento a las sospechas de la Fiscalía sobre el posible origen corrupto de la fortuna de la familia, que afronta penas de entre 8 y 29 años de cárcel.
El expresident destapó la caja de los truenos la tarde del viernes 25 de julio de 2014, apenas unos meses antes de la consulta independentista del 9N que dio el pistoletazo de salida al procés, con un comunicado remitido a los medios en el que reconocía que su esposa e hijos habían mantenido ocultos «en el extranjero» unos fondos procedentes de una «deixa» (legado) de su padre Florenci.
La confesión fue fruto de una reunión familiar en la que se acordó dar un paso de adelante tras la publicación en «El Mundo» de una pantallazo con movimientos de cuentas de los Pujol en bancos andorranos, documento que la defensa recuerda que fue obtenido mediante «coacciones» de la llamada «policía patriótica», en el marco de la Operación Cataluña.
Lejos de encauzar las aguas, la confesión acabó alimentando una investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola que la Audiencia Nacional tenía abierta en 2012 y que se fundamentaba en poco más que las denuncias presentadas por su expareja Victoria Álvarez y el empresario Javier de la Rosa -otrora afín a Pujol-, instigadas también por el comisario José Manuel Villarejo y su entorno.
En 2015, la Audiencia Nacional sumó a esa investigación sobre el primogénito la que un juzgado de Barcelona había abierto en 2014 a raíz del comunicado de Pujol, lo que dio pie una macrocausa en la que se investigó al matrimonio y sus siete hijos por conformar una asociación ilícita para lucrarse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicación de obra pública.
El goteo de revelaciones durante la instrucción, en ocasiones coincidiendo con episodios claves del proceso independentista catalán, no hicieron más que acrecentar el escándalo: en 2019 salía a la luz la cuenta 63810 de Andbank, con 307 millones de pesetas, acompañada de un documento privado en el que el expresident asumía los fondos como suyos.
La Operación Cataluña, baza de la defensa
El tiempo, no obstante, ha acabado jugando a favor de rehabilitación de la figura política de Jordi Pujol: tras la etapa de ostracismo a que lo relegó su confesión, su gobierno ha sido reivindicado en los últimos años, y no solo entre los líderes de su partido que, especialmente durante el procés, lo evitaban públicamente.
También el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, lo incluyó en la ronda de reuniones que mantuvo con sus predecesores en el cargo y hace unas semanas pidió a la justicia que se replanteara si debe juzgar a un anciano de salud tan endeble.
La larga instrucción del caso y su cruce con el procés ha proporcionado las principales bazas a la defensa, que en el juicio tiene previsto dar la batalla con los plazos de investigación para demostrar que algunos delitos están prescrito. Para empezar, ya lo está el posible fraude fiscal imputable a Jordi Pujol por la cuenta 63810 de Andbank.
La defensa jugará también las cartas de la guerra sucia desplegada en la Operación Cataluña para ahogar el procés. Entre sus ases, las maniobras de la policía patriótica en la banca andorrana y el caso del «pendrive» con información reservada a Jordi Pujol Ferrusola por el que fue condenado Eugenio Pino, exnúmero dos de la Policía Nacional en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. EFE
