Barcelona (EFE).- El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, sostiene que Albiol ha podido cometer los siguientes delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.
Asens señala en su escrito a Fiscalía que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se «garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho», de forma que lo primero quedaba «expresamente condicionado» a lo segundo.
Pese a ello, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio «no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales» y, así, «persistió en una actuación contraria al mandato judicial».
Asens denuncia además la «tolerancia institucional» del Ayuntamiento de Badalona con los «episodios de bloqueo y presión vecinal» que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos proporcionados por entidades sociales.
Albiol, en posteriores reuniones con los vecinos en las que reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas, escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que «no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata» por parte del alcalde.
Una frase pronunciadas por Albiol que recoge el eurodiputado de Comuns en su denuncia es: «Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis». Para Asens, esta expresión puede ser «razonablemente interpretada como una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza».
Cuatro posibles delitos
El denunciante afirma que Albiol denegó su ayuda a los migrantes «de forma selectiva» debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios.
El eurodiputado recuerda, además, que la incitación al odio no requiere de expresiones explícitas para ser cometido. También defiende que existen «indicios de desobediencia reiterada» al no dar el consistorio badalonés «cumplimiento efectivo» a la resolución judicial que amparó el desalojo.
Finalmente, Asens ve un delito de prevaricación administrativa en la actuación «contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta».
