Barcelona, (EFE).- Una pareja de agricultores de Lleida reclama un millón de euros al Estado por las pérdidas derivadas de la inmovilización de una cosecha de cáñamo industrial que la policía confundió con marihuana y por la que estuvieron investigados dos años, hasta que se comprobó que las plantas no eran psicoactivas.
Anna y Albert, agricultores «de toda la vida», fueron denunciados por los Mossos d’Esquadra en marzo de 2023, después de que la policía interceptara un paquete de 30 kilos de cáñamo que habían enviado como muestra, en una de las primeras operaciones de la sociedad que constituyeron en 2022 para comercializar ese producto, según la documentación a que ha tenido acceso EFE.
A raíz de la denuncia de la policía catalana, un juzgado de Lleida abrió una investigación a los agricultores por un delito contra la salud pública, lo que comportó la inmovilización de todas las plantas que tenían almacenadas para su posterior comercialización hasta mayo de 2025, durante los dos años en que la causa ha estado abierta.
«Nos han tratado de narcotraficantes, hemos envejecido de golpe y estamos arruinados del todo», denuncia Anna en declaraciones a EFE, tras recordar que constituyeron legalmente una empresa para cultivar cáñamo industrial y, para ello, tramitaron todos los permisos exigidos e incluso avisaron a la policía. «¿Qué más podíamos hacer?», lamenta.
A través de su sociedad, la pareja compró una partida de 40.000 semillas de cannabis sativa que sembraron en una finca de algo más de cuatro hectáreas de Juneda (Lleida) con los fines previstos en el objetivo social de la empresa: el cultivo de plantas para fibras textiles, el comercio al por mayor de flores y plantas y otras actividades agrícolas y comerciales vinculadas a semillas o productos vegetales.
Una vez recolectada, la cosecha fue trasladada a unas naves para su secado y posterior comercialización, donde ha permanecido durante dos años inmovilizada por orden del juzgado que investigó el caso.
Nivel mínimo de THC
En octubre de 2024, un informe del Instituto Nacional de Toxicología, que analizó 29 muestras de cogollos y ramas intervenidos por los Mossos d’Esquadra por encargo del juzgado, concluyó que como máximo las plantas tenían un 0,2 % de THC (tetrahidrocannabinol -psicoativo del cannabis-) y, por lo tanto, inferior al índice de 0,3 % que exige el Tribunal Supremo para considerar el cáñamo psicoactivo.
Con el informe en mano, la pareja, representada por el letrado Martí Cànaves de DMT Advocats, pidió el archivo de la causa, a la que el juzgado acabó dando carpetazo el 28 de mayo de 2025, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, tras concluir que las sustancias intervenidas a los investigados «no pueden considerarse estupefacientes».
Según alega el abogado en la reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia, cuando los agricultores recuperaron la cosecha de 2023, esta se había deteriorado, afectada por hongos, moho y otros contaminantes microbiológicos, hasta el punto de no poder ser comercializada.
La demanda argumenta también que los agricultores tenían ya comprometida la venta de la cosecha de cáñamo, por lo que su «incautación y prolongada inmovilización durante más de dos años no solo impidió temporalmente su venta, sino que frustró definitivamente la ejecución de operaciones comerciales ya proyectadas y materialmente preparadas».
Cosecha deteriorada y contratos incumplidos
A ello se suma, según la reclamación, la «ruptura de confianza inmediata» de las empresas que iban a comprar el cáñamo a la pareja de agricultores, debido a que su imputación por delito contra la salud pública tuvo un «efecto devastador sobre la credibilidad comercial, reputación empresarial y viabilidad futura de la empresa».
Todos esos perjuicios los cifra el abogado en 1.063.951 euros, sin incluir los daños morales que, advierte, podrían derivarse de los hechos.
Para Anna, su caso constituye un paradigma de las trabas con que se topan los cultivos de cáñamo industrial en España, país con un clima «idóneo» para el crecimiento de ese vegetal, que se adapta a la subida de temperaturas: «Podríamos ser pioneros en el sector», insiste.
«Los payeses podríamos tener una vida digna con este cultivo», asegura Anna, que cree que el sistema legal solo «ayuda a las multinacionales» que se dedican al cultivo de cáñamo, en detrimento de los pequeños agricultores. EFE
