Ares Biescas |
Barcelona (EFE).- Sindicatos y organizaciones sociales en Cataluña han empezado a calentar motores con sus propias demandas para la huelga general convocada este otoño por la crisis de la vivienda, mientras que las patronales Pimec y Foment del Treball critican que se use como arma de presión política.
El anuncio de CCOO y UGT ayer de apoyar un paro de 24 horas en toda España, todavía sin fecha, coincidió con la protesta de miles de ciudadanos en Barcelona, en los que el clamor por una huelga fue el eje central.
Pero, ¿qué organizaciones apoyan la huelga en Cataluña y cuáles son sus argumentos? ¿Qué dicen las patronales? Estas son las claves de sus demandas, que recogen sensibilidades diferentes sobre salarios, servicios públicos e incluso más competencias para Cataluña:
La semilla: la plataforma ‘Vivir nos cuesta la vida’
La semilla de la huelga general se remonta a abril de este año, cuando el Sindicat de Llogateres y otras organizaciones sociales presentaron una plataforma en Barcelona bajo el lema ‘Vivir nos cuesta la vida’, con la que pretendían organizar los pasos hacia la convocatoria de un paro general.
Con este lema se manifestaron el Día de los Trabajadores, pero las protestas de este último mes por el desahucio de Maricarmen o el fracaso de los decretos de vivienda han conseguido elevar la convocatoria hasta una propuesta nacional y con amplios apoyos.
El Sindicat de Llogateres reclama contratos indefinidos, prohibir las compras especulativas, una bajada drástica del precio de los alquileres, un impuesto a la riqueza para ampliar el parque de vivienda pública, y más derechos sindicales que faciliten huelgas de alquiler y mayor fortaleza en negociaciones colectivas.
Cuentan con el apoyo de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (Coshac), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y comparten fuerza con la Confederación General del Trabajo (CGT), que aprobó su adhesión al paro a nivel estatal este domingo.
CCOO y UGT reivindican salarios suficientes
Por su parte, CCOO y UGT quieren reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna, enmarcados en la propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía clausulas de revisión salarial (con incrementos entre el 4 % y el 7 %) y clausulas para facilitar el acceso a la vivienda.
También piden un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
Sus líderes en Cataluña, Camil Ros (UGT) y Belén López (CCOO), han explicado hoy en la SER Catalunya que «durante el día de hoy o, como muy tarde, mañana se sabrá» la fecha de la huelga, y han afirmado que «la decisión se toma a nivel estatal porque tiene dimensión estatal y después haremos la adaptación que sea necesaria en Cataluña».
Intersindical: competencias catalanas en vivienda
El sindicato Intersindical ha añadido entre sus reclamos un salario mínimo catalán de 1.600 euros en 14 pagas, jornada de 32 horas semanales, la revalorización de las pensiones y que Cataluña tenga competencias sobre vivienda, suelo, alquileres y fiscalidad.
Por otra parte, la confederación sindical Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), que agrupa a sindicatos como USTEC-STEs o IAC CATAC, también apoyará la causa con un reclamo centrado en la defensa de los servicios públicos.
Foment analizará su legalidad y Pimec critica que castigue a las empresas
Por su parte, la patronal Foment del Treball ha calificado hoy de «incomprensible» la convocatoria y ha asegurado que convierte a las empresas y a la economía en «víctimas» por ser una medida de «presión política», sin un conflicto laboral detrás.
La organización empresarial ha informado de que analizará la legalidad de la huelga, en línea con la posición anunciada por la CEOE, y ha señalado como «asombroso» que se «pretenda alterar la normalidad económica y social cuando la ciudadanía acaba de ser convocada a las urnas».
En paralelo, Pimec ha señalado que la crisis de la vivienda también afecta a las empresas y ha cuestionado que recaiga en ellas el coste de un problema que «exige principalmente la actuación de los poderes públicos». EFE
