Madrid (EFE).- El inspector de la UDEF que instruyó el caso Pujol ha admitido que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas o operaciones urbanísticas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales de empresarios, porque cree que los pagos buscaban «una garantía de influencia a lo largo del tiempo».
El inspector de la Policía Nacional, que ayer contestó a las preguntas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ha soportado este jueves el incisivo interrogatorio de las defensas de los Pujol en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna oculta en Andorra, que la UDEF sostiene es fruto de la corrupción.
Investigación «a brochazos»
El origen supuestamente corrupto de los fondos de la familia ha centrado el duro interrogatorio de Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, que ha puesto contra las cuerdas al instructor policial del caso para que aclara los «antecedentes» del delito de blanqueo de capitales por el que se juzga a los Pujol, que en su opinión la UDEF establece en sus informes «a brochazos».
Por ese motivo, ha pedido al testigo que aclarara si investigó las recalificaciones urbanísticas vinculadas a las operaciones supuestamente corruptas o la composición de los órganos que adjudicaron los concursos -algunos controlados por administraciones socialistas- o si tomó declaración a sus miembros.
El agente ha reconocido que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible «delito previo» en los mismos porque carece de especialidad en ese ámbito para saber si los trámites «estaban viciados»: «En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino», ha remachado.
De todas formas, ha insistido en que el supuesto delito previo «no es relevante», puesto que su hipótesis es que, igual que en el caso del Palau de la Música en que CDC fue condenada por cobrar comisiones de la constructora Ferrovial, los pagos a los Pujol buscaban «una garantía de influencia a lo largo del tiempo».
«¿No le pareció relevante averiguar si hubo presiones a algún miembro del Consejo que votó a favor de la concesión?», le ha inquirido Martell en relación con la adjudicación de un servicio del puerto de Tarragona a una empresa de la que cobró Pujol Ferrusola. «No es mi cometido ni era mi pretensión», ha respondido el inspector.
En cualquier caso, el testigo ha hecho hincapié en la «transversalidad que siempre se les ha otorgado a los miembros de la familia Pujol Ferrusola en cualquier instancia».
Banca Catalana y el caso ITV
Martell ha emplazado además al testigo a aclarar su afirmación de que el precedente del blanqueo de capitales que se atribuye a los Pujol es un «delito troncal concomitante con la corrupción», tesis que la UDEF sustenta en un informe en que relaciona el enriquecimiento de los Pujol con otros casos de corrupción que han salpicado a CDC.
Entre ellos, el caso Banca Catalana -que motivó una querella de la Fiscalía que acabó archivada contra el expresident Jordi Pujol, uno de sus directivos, por la quiebra de la entidad-, el caso de las ITV que acarreó la condena de Oriol Pujol por cobrar comisiones de empresarios- o el caso Turismo, que se saldó con condenas por malversación a empresarios vinculados a Unió.
El inspector ha reconocido que obtuvo información relativa a esas causas en buscadores, que no profundizó en esos casos y que no recuerda detalles de los mismos aunque, ha recalcado, tampoco lo «necesitaba», porque el delito de blanqueo no exige probar el origen del dinero: «Eran vinculaciones criminales de todo tipo, desde las más directas a las menos», ha explicado.
El inspector, ahora jefe de sección en la comisaría general de información de la Policía Nacional, ha negado rotundamente que introdujera en su informe información obtenida del pendrive con información robada a los Pujol por el que fue condenado el ex número dos de la Policía Nacional y el propio testigo fue investigado, aunque después exculpado. «Es mentira», ha exclamado.
En ese sentido, ha defendido que los datos de sus informes procedían de la documentación incautada en los registros o de la Agencia Tributaria y ha recordado que el juez instructor José de la Mataya excluyó de la causa «cualquier fuente de información relacionada con el pendrive».
Preguntado por los préstamos avalados por Jordi Pujol Ferrusola a empresas proveedoras de CDC -que acabaron pagando el partido y una constructora-, el inspector, que ayer apuntó a una posible financiación irregular del partido a través de esos créditos, ha defendido que se trataba de operaciones «totalmente anómalas. Y totalmente me quedo corto», ha agregado.
