Madrid (EFE).- Los programas electorales de los principales partidos trazan modelos divergentes y profundas diferencias ideológicas en materia de ciencia e investigación, pero coinciden en varios puntos: la apuesta por una financiación estable y plurianual, reducir la burocracia, atraer el talento y agilizar la transferencia del conocimiento.
Desde el bloque de la izquierda (PSOE, Frente Amplio y Podemos) se incide en la importancia de aumentar la inversión pública y el porcentaje del PIB destinado a la investigación y el desarrollo (PSOE y Frente Amplio proponen alcanzar una inversión pública del 1,5 por ciento del PIB y Podemos eleva el objetivo al 2).
El PP no marca un ‘peso’ determinado de la investigación en el PIB y concreta sus propuestas en garantizar la continuidad de la financiación pública de un año a otro y en potenciar la inversión privada con incentivos fiscales; Vox no tiene un epígrafe específico y trata el tema de forma transversal en los capítulos que dedica a la industria, la desregulación o la educación.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística -de 2024- fijan en el 1,5 por ciento del PIB el gasto (público y privado) en I+D, y tanto la nueva Ley de Ciencia (de 2022) como la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación fijan como objetivo lograr que ese gasto alcance el 3 por ciento en 2030.
Un IRPF reducido para científicos retornados o regulación de los neuroderechos
El PP enfoca su política científica hacia la colaboración público-privada, la transferencia del conocimiento y los incentivos fiscales, plantea asegurar la continuidad plurianual de la financiación pública, condicionándola en parte a la obtención de resultados, e incrementar las deducciones fiscales por I+D+i, así como una nueva Ley de Mecenazgo.
Para atraer y retornar investigadores, esta formación propone agilizar homologaciones y un IRPF reducido del 20 por ciento durante seis años para científicos retornados que trabajen en proyectos estratégicos; proyecta ‘Zonas de Innovación Estratégica’ con ventajas fiscales para sectores punteros como la IA, la biotecnología o los semiconductores, simplificar el registro de patentes y acelerar el acceso de los pacientes a las innovaciones biomédicas.
El PSOE, además de una senda de inversión pública creciente hasta alcanzar el 1,5 por ciento del PIB, plantea mejorar los incentivos fiscales para pymes y empresas emergentes, medidas para reforzar la transferencia del conocimiento al mercado, o reforzar algunos de los proyectos estratégicos y grandes instalaciones científicas, como el IFMIF-DONES, el sincrotrón ALBA, el Barcelona Supercomputing Center o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético.
Propone además aprobar el Estatuto del Personal Investigador, reforzar el programa ‘Atrae’, desarrollar la carrera del personal técnico, y apuesta por poner en marcha una Estrategia de IA para la Ciencia, por regular los neuroderechos y por tramitar la primera Ley de Actividades Espaciales, así como por desarrollar una Estrategia Nacional de Género para eliminar brechas en ciencia e innovación.
VOX aborda la investigación de forma transversal, ligada a la economía y la soberanía industrial, pero sin un capítulo específico, y propone suprimir restricciones legales y medioambientales para investigar, explorar y explotar yacimientos minerales y recursos naturales, fomentar el desarrollo y la investigación de la IA para incrementar la productividad empresarial y reducir la burocracia en las administraciones, o potenciar las ciencias en los currículos escolares.
Reforzar la investigación de fármacos y museos gratis
Frente Amplio plantea un incremento del 15 por ciento de los programas de la Agencia Estatal de Investigación, crear un fondo público de inversión tecnológica para financiar pymes innovadoras y proyectos tecnológicos con arraigo territorial, la titularidad pública de las patentes y fomentar las tecnologías de ´código abierto’ (software y hardware libres).
Esta coalición planea reforzar la investigación farmacéutica pública e impulsar una empresa farmacéutica cien por cien pública para asegurar soberanía investigadora e imponer cláusulas de acceso justo a medicamentos desarrollados con fondos públicos, o desarrollar un Plan Estatal con centro de referencia para reducir y buscar alternativas al uso de animales en laboratorios.
Y Podemos plantea como prioritaria la inversión pública, garantizar la ejecución íntegra de las ayudas directas y auditar las ayudas empresariales; incide en la importancia de poner fin a la precariedad laboral, de limitar el encadenamiento de contratos temporales, de garantizar una subida salarial del 30 por ciento en todas las categorías y duplicar las convocatorias de contratos predoctorales, postdoctorales y de estabilización.
Esta formación propone un Estatuto del personal investigador, con derechos plenos de cotización, desempleo e indemnización desde la etapa predoctoral, diseñar carreras específicas para personal técnico, de gestión e investigación hospitalaria, hacer una auditoría contra la burocracia, introducir la elección democrática de directores de centros mediante sufragio directo de sus trabajadores o la gratuidad de museos públicos y de centros de ciencia.








