Madrid, 9 may (EFE).- El Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional una ley de la Comunidad de Madrid que regula el apoyo a las personas adultas con discapacidad porque a su juicio invade competencias del Estado, limitando los derechos regulados en la Ley de Eutanasia.
Así lo ha anunciado hoy la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha señalado también que la norma autonómica quedará suspendida provisionalmente, a expensas de lo que decida al respecto el alto tribunal.
“La norma autonómica realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica, se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica”, ha explicado la ministra portavoz.
Y luego ha añadido que “entendemos” que la norma autonómica “está afectando a una ley en vigor, como es la Ley de Eutanasia, limitando los requisitos para acceder a los derechos que garantiza esta Ley de Eutanasia”.
Además, ha abundado Rodríguez, “cabe una interpretación extensiva, según la cual la norma autonómica podría incidir en otros derechos, como intervenciones quirúrgicas, o transfusión de sangre… en definitiva se trata de un recurso en el que concurren requisitos formales y materiales para su impugnación en protección de las personas con discapacidad, para que no vean vulnerados sus derechos conforme a la normativa estatal vigente”.
El recurso se alza contra la disposición adicional segunda de la ley de la Comunidad de Madrid de 15 de febrero, que crea la agencia madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad.
La ministra portavoz ha citado expresamente el artículo 161.2 de la Constitución, que literalmente señala que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”.
“La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”, añade el artículo.
Isabel Rodríguez ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que la norma de la Comunidad de Madrid añade un nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria en la solicitud de autorización judicial para tomar medidas que afecten al derecho a la vida de una persona con discapacidad.
Además, la norma invade, ha argumentado Rodríguez, “el ámbito regulatorio del Estado” en cuando a la coordinación general de la Sanidad y también “rompe la reserva a Ley Orgánica para este tipo de materias”.
