Mercedes Ortuño Lizarán
Madrid, 9 ago (EFE).- Son algo más de las doce del mediodía y un niño que no llega a los dos años llora de sueño porque ha pasado la noche en vela. Algo ha ocurrido en casa: su madre está declarando en otra sala, a pocos metros de donde está él, en el Juzgado de violencia sobre la mujer nº1 de Madrid.
Aquí se encuentra una de las 21 oficinas de asistencia a víctimas del delito (OAVD) que hay en esta comunidad, la más importante, pues es desde la que se coordinan todas las demás bajo las órdenes de María Jesús Juárez, que enseña a EFE en una visita las instalaciones de esta sede judicial perfectamente diseñada para “humanizar la justicia” y proteger a las víctimas, sobre todo a las más vulnerables.
Vera es la encargada de la especie de guardería en la que el pequeño Ishaq intenta dormir después de jugar un poco y de dar un paseo por los pasillos laberínticos del juzgado. Calcula que en el mes de julio han pasado por esta “sala diver” unos sesenta niños, que esperan rodeados de juguetes, dibujos y colores mientras sus madres declaran ante el juez.
Es uno de los servicios que ofrecen las OAVD, creadas a finales de los 90 para hacer la justicia más amable para las víctimas y acompañarlas, informarlas y asesorarlas desde que ponen la denuncia -o incluso antes- hasta el final de un proceso siempre complejo y desagradable.
EL PERFIL DE VÍCTIMA: UNA MUJER QUE HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN SEXUAL O VIOLENCIA MACHISTA
Las OAVD son un servicio público y gratuito que permite atender a cualquier persona, siempre que haya sufrido un delito penal, “con independencia de su edad, nacionalidad, si tiene papeles o no…”, subraya Juárez, y destaca su especial cuidado con las víctimas de casos mediáticos, como violaciones grupales, y con las más vulnerables: menores, mayores y personas con discapacidad.
No obstante, la coordinadora de la red madrileña de oficinas apunta que existe un perfil de víctima muy definido: una mujer que ha sufrido abuso o agresión sexual o violencia machista.
En 2021, el último año con datos, la red de oficinas de la Comunidad de Madrid atendió a 5.820 personas, de las que 5.178 fueron mujeres (el 89 %) y 642, hombres (11 %). Casi la totalidad de ellas, el 91 %, eran mayores de edad.
Las víctimas lo fueron, en su mayoría, de delitos contra la libertad sexual -abusos y agresiones- (31,36 %) y de violencia de género (25,40 %), según la memoria anual de actuaciones de ese año.
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DEL RELATO
Garantizar la seguridad de estas personas es la prioridad del personal de las OAVD, funcionarios del cuerpo de gestores de la administración de Justicia, psicólogos y trabajadores sociales.
Cuanto más, en el caso de los testigos protegidos, aquellos cuya identidad e imagen no puede ser revelada, que van siempre acompañados por alguno de estos profesionales, se trasladan en coches camuflados y declaran por videoconferencia, entre otras medidas.
Aunque la identidad de la víctima o del testigo no sea secreta, estos no deben ver al victimario bajo ningún concepto, pues hacerlo los altera y puede provocar cambios en la versión que declaran ante el juez.
Por eso, en estos juzgados de violencia sobre la mujer de la calle Albarracín todo -pasillos, salas de espera- está duplicado.
LOS MENORES, ESPECIALMENTE VULNERABLES
Aunque esté todo estudiado y planificado al detalle, el protocolo de seguridad ha fallado alguna vez, confiesa Juárez, que recuerda cuando un chaval que llegaba convencido para declarar contra su padre se encontró con él justo antes, se derrumbó y ya no habló.
Al margen de las razones que lleven a un menor a declarar en un juzgado como testigo o como víctima, muchas veces la familia puede condicionar el relato, culpabilizando y metiendo miedo al niño o niña, explica.
Imaginemos, pone por caso, que un padrastro o un abuelo ha abusado sexualmente a una niña y que la madre intenta restarle importancia a los hechos o asustar con frases del estilo de “esto va a romper la familia”.
Para evitarlo y para evitar también la revictimización de los menores, Juárez resalta la importancia de que estos declaren inmediatamente después de que se haya producido el delito, una única vez y solo cuando sea estrictamente necesario hacerlo, como obliga desde 2021 la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
LA “JOYA DE LA CORONA”: CÁMARA GESELL Y PERROS DE APOYO
Precisamente para que los niños declaren solo una vez y para que lo hagan en un entorno amigable y natural, son cada vez más frecuentes en los juzgados las cámaras Gesell, un sistema formado por dos salas contiguas separadas por una pared que hace a la vez de espejo y de cristal, y mediante el que se graba el testimonio, válido ya para todo el proceso.
A un lado, ocultos desde la otra sala por el espejo, se encuentran el acusado, su abogado y el resto de operadores jurídicos, como juez y fiscal, que sí pueden ver lo que ocurre en la otra habitación, en la que un profesional toma declaración al menor con un lenguaje y unas formas adaptadas a su edad y situación.
Para complementar este sistema, que Juárez llama la “joya de la corona” y que ha atendido en lo que va de año a 158 menores en la sede penal de la calle Albarracín, aquí cuentan también con perros de apoyo que acompañan a algunos pequeños en este espacio hostil para ellos.
En unos años, los niños han pasado de tener que declarar “cinco o seis veces frente a hombres togados” a hacerlo en estas condiciones. A esto se refería Juárez cuando hablaba de “humanizar la justicia”.
